Isabel Rodríguez propone incluir una cláusula antifraude en el Plan Estatal de Vivienda debido al
MADRID, 21 abr. (EUROPA PRESS) – La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que se aprobará este martes en Consejo de Ministros, incluye una «cláusula antifraude» con el fin de combatir posibles amaños en la adjudicación de viviendas de protección oficial, tras la polémica surgida por el caso de las VPO de Alicante, que actualmente está siendo investigado por la Justicia.
Rodríguez ha señalado que «no se va a financiar» con dinero público «ni una sola promoción» de vivienda en la que no se garanticen «registros conforme a criterios de transparencia objetivos» y «fácilmente constatables por la ciudadanía», con el objetivo de evitar «escándalos» como el acontecido en Alicante, donde «dirigentes del Partido Popular se han repartido las VPO», según lo expresado en una entrevista en Hora 25 de la Cadena SER.
La ministra ha detallado que deberá existir un «registro público de demandantes de vivienda», «canales de adjudicación» y «sorteos ante notario». Estas medidas son parte de una serie de «garantías» que deberán «comprometerse a respetar» quienes deseen optar a una parte de los 7.000 millones de euros que contempla el plan.
Asimismo, ha enfatizado que la Administración se encargará de supervisar el cumplimiento de estos criterios y sostiene que se ha «armado» un sistema de «dación de cuentas» imprescindible para recibir financiación pública.
Rodríguez ha denunciado que el caso de la VPO en Alicante no es un «accidente», sino que responde a decisiones «políticas» del Gobierno del expresidente Carlos Mazón, que han llevado a las personas a hacer cola para acceder a una vivienda de protección oficial «como el que va a sacar las entradas a un concierto».
El plan estará dotado con 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, y destinará el 40% del presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente. Otro 30% estará destinado a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas, y el 30% restante se destinará a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.
Prórroga de los Alquileres
Por otro lado, preguntada sobre la prórroga de los alquileres y su aprobación en el Congreso, Rodríguez ha fijado su respaldo al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien lleva a cabo la negociación. «Cuando sale un acuerdo del Consejo de Ministros, es de todos. Para mí, todos los acuerdos se luchan, se pelean, se defienden», ha expresado la ministra de Vivienda.
No obstante, ha subrayado la dificultad que enfrentan para obtener los apoyos parlamentarios necesarios. Así, ha mencionado que deben explorar todas las oportunidades y «apurar cualquier circunstancia» para alcanzar el acuerdo, especialmente con Junts.
«Creo que hay que recomponer», ha afirmado, reconociendo que el apoyo de Carles Puigdemont también es esencial para sacar otras medidas adelante, como la ley de alquileres de temporada o facilitar la movilización de la vivienda en España. «Y espero, como ha sido posible hasta ahora, poder seguir contando con Junts para ello», ha concluido.
Ante un posible rechazo del decreto en la Cámara Baja, Rodríguez ha anticipado que continuarán «peleando porque la gente que vive en alquiler en España merece una estabilidad». «Espero que los tribunales se posicionen siempre del lado de la prevalencia del derecho a la vivienda y su función social, frente a cualquier otro interés», ha añadido.
