Sumar propone que los expresidentes no utilicen su oficina institucional para fines lucrativos
MADRID, 21 de mayo. (EUROPA PRESS) – Sumar va a impulsar una iniciativa para regular las actividades de los expresidentes del Gobierno, prohibiendo el uso de la oficina a la que tienen derecho por haber ocupado ese cargo, sufragada con fondos públicos, para realizar actividades «lucrativas» privadas.
Así lo ha anunciado en declaraciones en el Congreso Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar y dirigente de Izquierda Unida, tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, mantenidos prorrogados desde entonces, han congelado en 298.320 euros la partida destinada a los cuatro expresidentes del Gobierno (Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy). Dicha cantidad se divide entre los cuatro, de modo que cada uno cuenta con 74.580 euros anuales para los gastos de sus respectivas oficinas de expresidentes.
Según Enrique Santiago, el auto del juez José Luis Calama «no concreta» las imputaciones sobre blanqueo de capitales y apropiaciones indebidas, pero indica que «es muy grave» que alguien que ha ocupado la Presidencia del Gobierno «utilice recursos del Estado para cualquier tipo de actividad lucrativa».
«Eso debería estar perfectamente diferenciado y, desde nuestro punto de vista, debería estar prohibido: o se utilizan los recursos de la oficina del expresidente para actividades públicas, o se llevan a cabo actividades privadas. No se puede mezclar y, mucho menos, utilizar recursos de la oficina para llevar a cabo actividades privadas», ha señalado Santiago, enfatizando la importancia de delimitar claramente «qué actividades son públicas y cuáles son privadas».
LEY DE ‘LOBBIES’
Santiago también ha instado a reactivar la tramitación de la regulación de las actividades de los grupos de interés, que el Gobierno envió al Congreso como parte del paquete de medidas anticorrupción, tras el ingreso en prisión hace casi un año del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Aunque los grupos ya han registrado sus enmiendas a esta ley, aún no se ha convocado la ponencia para comenzar a discutirlas.
Asimismo, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha declarado que es necesario regular las actividades de los expresidentes, abogando por la prohibición de que «puedan vender su agenda de teléfonos».
Por último, ha solicitado una reflexión sobre el hecho de que sea legal que los expresidentes «puedan cobrar por dar charlas o por asesorar a empresas que luego pueden beneficiarse de las políticas públicas del Gobierno».
