Aldama menciona que Zapatero usaba teléfonos seguros y no tiene constancia de comisiones por
El empresario Víctor de Aldama ha afirmado este jueves en la Audiencia Nacional que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero usaba teléfonos seguros. Aldama, en su declaración como investigado, ha subrayado que no tiene constancia de que se hayan cobrado comisiones en Baleares por los contratos de mascarillas adjudicados a la presunta trama durante la pandemia, a diferencia de lo que ocurrió en Canarias.
Estas afirmaciones se produjeron ante el juez Ismael Moreno, según fuentes jurídicas, después de que Aldama fuera citado a declarar en relación al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la mencionada trama.
Además, el empresario ha reconocido que los supuestos pagos de 10.000 euros que realizó a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, no se limitaban solo a los contratos de mascarillas, sino que también estaban relacionados con supuestos amaños en obras públicas.
Aldama comentó que Koldo García actuó como intermediario entre él y la expresidenta de Baleares, Francina Armengol, y añadió que el exasesor presumió de su relación con Armengol. Por otra parte, ha señalado que Zapatero, quien ha sido recientemente imputado en la causa ‘Plus Ultra’, utilizaba teléfonos seguros como los de la trama de mascarillas, aunque ha reconocido no estar seguro de si estos provenían de Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil investigado en el ‘caso Koldo’, quien supuestamente proporcionó los dispositivos a Koldo y a él mismo.
Aldama también confirmó que era colaborador de la Guardia Civil y que, por lo tanto, ayudó económicamente a algunas unidades del cuerpo a través de la donación de equipos o ‘merchandising’.
Relación económica entre Aldama y Koldo
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la declaración de Koldo y Aldama tras el informe de la UCO sobre Baleares, para profundizar en las relaciones entre los miembros de la presunta organización criminal que incluiría a Aldama, Koldo y al exministro Ábalos.
El informe mencionaba que los contratos de material sanitario, en el contexto de la pandemia del coronavirus, «constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo», lo que le permitía al empresario, según los investigadores, «tener acceso» al exministro.
Asimismo, el indicio apuntaba que esta «relación económica» persistió hasta ocho meses después de que Ábalos y Koldo fueran cesados del Ministerio de Transportes en julio de 2021, por lo que los pagos de Aldama no se limitarían a «actuaciones concretas», sino que se interpretan como un mecanismo para asegurar su capacidad de influencia y obtener «un lucro económico».
Inicialmente, el empresario estaba citado para el 14 de mayo junto a Koldo, ambos en calidad de investigados, pero el juez Moreno reprogramó la declaración de Aldama para esta semana tras verificar la agenda de la Audiencia Nacional.
Koldo no declara
Koldo se acogió a su derecho a no declarar, según informó su abogada, Leticia de la Hoz, quien presentó un recurso para archivar la causa contra él y suspender el interrogatorio, argumentando que los hechos ya habían sido juzgados en el Tribunal Supremo.
De la Hoz explicó que Koldo tenía que declarar sobre las mascarillas de Baleares y Canarias, cuando ya estaba en juicio ante el Tribunal Supremo, dado que el fiscal y la acusación popular ya lo habían incluido en las conclusiones definitivas. Además, se solicitó la declaración de testigos como Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, que fue llevada a cabo durante el juicio, reforzando su argumentación.
El magistrado Ismael Moreno está investigando varias líneas de investigación, siendo la que dio origen a la causa las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Este asunto ha sido parcialmente juzgado por el Supremo, donde también se encuentran Aldama, Koldo y Ábalos como acusados, debido a la condición de diputado aforado que tenía el exministro cuando fue procesado.
Además, se investigan supuestos amaños en obras públicas y los pagos en efectivo del PSOE entre 2017 y 2024 para la devolución de gastos anticipados, una pieza que sigue bajo secreto de sumario.
