El juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, en espera de sentencia: un exministro encarcelado y silencios
MADRID, 9 de mayo. (EUROPA PRESS) – El Tribunal Supremo ha dejado esta semana visto para sentencia el juicio en el que el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se enfrentan a elevadas penas de cárcel, tras 14 sesiones y más de 70 testigos, algunos de los cuales guardaron silencio por estar imputados en la Audiencia Nacional (AN) por el ‘caso Koldo’.
Personas del entorno de Ábalos, Koldo y Aldama han sido interrogadas para dar cuenta de su conocimiento sobre la supuesta implicación de los acusados en los hechos juzgados ante el tribunal presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta.
Durante el juicio, que se ha extendido por más de un mes, la Fiscalía Anticorrupción, la acusación popular encabezada por el PP y las defensas de los tres acusados han indagado en el papel del exministro, su asesor y del empresario en la compra de mascarillas, la presunta existencia de una organización criminal, y la contratación de la expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, en empresas públicas.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Para Aldama pide siete años por estos mismos delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, aplicándose la atenuante de confesión.
Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden cinco años y dos meses.
¿UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL?: «QUIEN PAGA MANDA»
Durante el juicio se ha debatido la supuesta existencia de una organización criminal, si fue encabezada por el exministro y si a través de la misma se llevaron a cabo los presuntos hechos delictivos.
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, estableció que los acusados conformaron una «verdadera organización criminal» en la que, en cualquier caso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no era el número uno», como apuntó Aldama en su declaración.
Luzón incitó a que Ábalos era «denominado jefe por unos y por otros», aseverando que «quien paga, manda, y quien paga y exige es Aldama». Las defensas del exministro y de su exasesor negaron la existencia de tal organización, mientras que el abogado del empresario señaló que la organización «no es solo a nivel vertical», sino «transversal», apuntando a otros dirigentes, como Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE e imputado en la AN.
EL RASTRO DEL DINERO
En su declaración, Aldama señaló que pagaba 10.000 euros al mes a Ábalos y a Koldo, dinero que provenía de las «obras públicas» que se le adjudicaban de forma presuntamente irregular desde Transportes.
Aldama afirmó que realizaba entregas en el Ministerio y en la casa de Ábalos, defiendiéndose de cualquier acusación al sostener que «si hubiera dinero, aflora». Koldo manifestó que operaba con dinero en efectivo de su burocracia como asesor, reembolsado por adelantos que hacía.
LA COMPRA DE MASCARILLAS
La compra de mascarillas por parte de empresas dependientes de Transportes a «Soluciones de Gestión», vinculada a Aldama, ha sido uno de los puntos críticos del juicio, en torno a dos aspectos: el presunto cobro de mordidas y la orden mediante la cual un pedido de mascarillas aumentó de cuatro a ocho millones de unidades.
Koldo afirmó que Aldama le aseguró que podía conseguir material sanitario durante el estado de alarma, afirmando: «Jamás me dijo que pertenecía a Soluciones de Gestión». Tanto el exasesor como Ábalos negaron haber recibido pagos de Aldama para que su oferta obtuviera el contrato de mascarillas.
Auditoras del Ministerio resaltaron que la duplicación del pedido se realizó en «apenas 13 minutos», lo que generó suspicacias sobre la gestión del proceso. Aldama defendió la decisión manifestando que la situación en China dificultaba la compra de mascarillas.
EL PISO Y LA CONTRATACIÓN DE JÉSSICA
Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, vivió cerca de dos años en un piso del centro de Madrid pagado por un socio de Aldama, un presunto regalo del empresario a los coacusados. Ábalos y Koldo negaron conocer a Jéssica antes de su relación con Aldama, lo que llevó al exministro a insinuar que su expareja había sufrido coacciones.
Ábalos manipuló presuntamente para colocar a Jéssica en empresas públicas. Su currículum llegó a Isabel Pardo de Vera, quien ordenó que no se le renovara el contrato al enterarse de su relación con Ábalos, viéndolo como un «conflicto de interés claro».
El exministro se defendió señalando que las críticas que recibe por sus relaciones laborales deben verse dentro de un contexto de dos contratos temporales, argumentando que esos contratos fueron malinterpretados.
