Trabajo brinda beneficios fiscales a empresas que aumenten sueldos y mantengan empleos por el SMI
El Ministerio de Trabajo ha decidido este lunes aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% para 2026, alcanzando los 1.221 euros mensuales por catorce pagas sin tributación en el IRPF. Además, durante las negociaciones con los agentes sociales, se ha ofrecido una compensación a las empresas más afectadas por el SMI, aunque esta se condicionará al mantenimiento del empleo y a que se incrementen los salarios más bajos de sus plantillas.
Así lo ha comunicado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en una rueda de prensa tras una reunión de casi tres horas con los representantes de los agentes sociales. Pérez Rey ha dejado claro que la compensación no será un «regalo urbi et orbi» para todas las empresas, especialmente para aquellas que no se ven afectadas por el SMI.
El secretario ha precisado que no puede ofrecer detalles sobre cómo se implementará esta compensación por respeto a los trabajos que realiza el Ministerio de Hacienda, que aún está definiendo su diseño. No obstante, ha admitido que una de las posibilidades sería la introducción de una deducción fiscal en el Impuesto sobre Sociedades.
De igual forma, Pérez Rey ha indicado que se trabajará en una fórmula que ofrezca a las empresas con un mayor número de trabajadores bajo el SMI alguna forma de compensación. Para el jueves está prevista una nueva reunión de la mesa de negociación.
El secretario de Estado ha subrayado: «La fórmula de compensación debe ser también un incentivo para que las empresas de nuestro país suban los salarios. No se trata de que las empresas mantengan a sus trabajadores en el salario mínimo interprofesional, sino de estimularles a que dejen de tener trabajadores en esa escala tan baja».
Además, ha expresado que la compensación debe estar acompañada de un incentivo positivo que no obstaculice a las empresas en la mejora de sus escalas salariales. «Nos falta concretar cómo va a funcionar ese incentivo-desincentivo, pero lo que queremos es que la compensación del SMI esté supeditada a que en ejercicios futuros estas empresas disminuyan su exposición global al SMI», ha añadido.
Pérez Rey ha afirmado que los salarios altos no deben ser patrimonio exclusivo de un grupo selecto de trabajadores, sino que deben ser accesibles también para aquellos que aportan su esfuerzo en sectores como la agricultura, la hostelería o la limpieza.
El compromiso del Gobierno es convertir la política de subida salarial en un «asunto de Estado». Pérez Rey ha insistido en que «España tiene que dejar de ser un país de bajos salarios», resaltando que no es aceptable tener un diferencial con Europa de más de 20 puntos. «Subir los salarios es una necesidad imperiosa en España», ha subrayado.
El Gobierno ha dado «tres grandes pasos» en este sentido: ha anunciado que los perceptores del SMI recibirán 37 euros más retroactivamente desde el 1 de enero y que no tributarán más por cobrar este salario mínimo. También ha confirmado que se buscará incentivar la subida de salarios en todos los sectores, enfatizando aquellos que presentan una mayor proporción de trabajadores cobrando el SMI.
Pérez Rey espera que en la próxima reunión del jueves se pueda anunciar no solo la tramitación de la subida sino también el apoyo de organizaciones sindicales y patronales para abandonar la categorización de España como un país de bajos salarios.
En cuanto a la reforma de las reglas de compensación y absorción que demandan los sindicatos, Pérez Rey ha señalado que se abordará en un Real Decreto distinto, para no retrasar la actualización del SMI.
El secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, y la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, han indicado que evaluarán la propuesta, que aún debe ser concretada. La CEOE, por su parte, esperará un documento escrito del Gobierno para evaluar sus posibilidades, dado que la medida presenta «incógnitas» y los condicionantes afectarán la negociación colectiva.
Pérez Rey ha reiterado que la intención es asegurar que el nuevo incremento permita alcanzar un SMI equivalente al 60% del salario medio neto, acompañado de un Real Decreto que limite las posibilidades de compensación y absorción salarial.
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