Sanidad afirma que no es viable el negocio turístico sanitario por acceso al SNS de inmigrantes
El secretario general del Ministerio de Sanidad, Javier Padilla, ha descartado que el Real Decreto que desarrolla el acceso universal a la sanidad pública para inmigrantes en situación irregular pueda generar un ‘efecto llamada’ o propiciar el ‘turismo sanitario’. Esto es debido a que se exige acreditar la residencia real en España y otros requisitos para obtener la asistencia del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Preguntado por la posibilidad de que empresas extranjeras o españolas se puedan aprovechar del nuevo Real Decreto vendiendo paquetes turísticos sanitarios a extranjeros, que incluyan vuelo, acceso al SNS y hotel, Padilla ha afirmado que el Gobierno «no puede garantizar» que existan empresas que «intenten engañar y estafar a población extranjera enferma». No obstante, recalcó que «la solicitud de requisitos impide el establecimiento de este tipo de paquetes turísticos».
«Se pide acreditar la residencia en España, además de otros requisitos», ha explicado Padilla, quien descarta un posible ‘efecto llamada’, ya que «al contrario de lo que ha difundido algún bulo en redes, no se puede llevar a cabo con una declaración responsable».
En el artículo 2 del Real Decreto se recogen los documentos válidos para acreditar la residencia en España, los cuales son la declaración responsable, un documento de identidad válido y la demostración, mediante una prueba, de la residencia habitual en España. Las pruebas pueden incluir el empadronamiento, la escolarización de hijos, informes de servicios sociales, facturas de suministros o documentación consular.
Dicho esto, el número dos de Sanidad ha añadido que «el denominado ‘turismo sanitario’ nunca ha sido un problema de impacto real en nuestro país, especialmente con el rango con el que la derecha xenófoba ha intentado usarlo de manera recurrente».
Ha recordado que con la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012, por el Gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy, se limitó el acceso universal al SNS y «se expulsó a los inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario con la excusa del turismo sanitario». Sin embargo, «lo que se logró fue expulsar a población vulnerable sin otro logro mayor en otro ámbito».
Esperan que todas las CCAA acaten el RD
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha acusado a la ministra del ramo y líder de Más Madrid, Mónica García, de fomentar «el turismo sanitario» con esta medida. Además, ha criticado a Sanidad por no haber tenido en cuenta «el impacto económico directo» en las comunidades autónomas, así como el aumento de población que requerirá atención sanitaria.
En respuesta a aquellos que critican esta medida por no considerar la carga asistencial que va a provocar en el Sistema Nacional de Salud, Padilla recuerda que estas personas ya tendrían derecho según el RD-l 7/2018, que recuperó la sanidad universal, devolviendo a la población el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos.
«Lo que ocurría es que algunas CCAA estaban incorporando barreras administrativas en la acreditación de los requisitos para la obtención del derecho a la asistencia sanitaria, negando el acceso a personas que deberían verlo reconocido», ha advertido.
Respecto a si desde el Ministerio de Sanidad tienen algún cálculo sobre la población inmigrante que se va a incorporar a la red sanitaria pública, ha afirmado que «es complicado estimar el número de personas que ahora podrán tener acceso en aquellas CCAA que lo estaban dificultando de manera sistemática».
«Lo que sí podemos afirmar es que esto facilitará que el total de personas en situación irregular en nuestro país pueda tener acceso con esta nueva norma. Después del proceso de regularización, cuyo desarrollo tiene en marcha el Gobierno de España, podremos estimar cuántas personas en situación irregular quedarían sujetas a este Real Decreto», ha expuesto.
Finalmente, preguntado sobre la posibilidad de que alguna comunidad ponga trabas para su desarrollo, Padilla ha recordado que las CCAA deben limitarse a aplicar lo que señala el Real Decreto. «Preferimos no pensar que ninguna CCAA vaya a declararse insumisa a la legislación española», ha añadido.
