Pib, despoblación y envejecimiento: demandas de cada comunidad en la financiación autonómica
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará este viernes el nuevo modelo de financiación autonómica. En los últimos meses, las comunidades autónomas han vuelto a poner sobre la mesa los criterios que consideran que deben primar en este sistema. Algunas creen que se debería ponderar más la población ajustada, otras coinciden en anteponer el PIB regional, mientras que la mayor parte apuesta por tener en cuenta la despoblación o el envejecimiento.
El Gobierno central aún no ha concretado ningún detalle sobre el nuevo modelo, solo ha trasladado su intención de combinar la multilateralidad y la bilateralidad. Según afirmó el líder de ERC, Oriol Junqueras, el sistema reportaría 4.700 millones de euros adicionales a Cataluña tras su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La última propuesta presentada por Hacienda hace varios años se basó en la población ajustada, aunque finalmente no salió adelante. Ahora, falta por determinar si el Ministerio ha estado trabajando sobre este texto que se remitió a las comunidades o si tiene previsto otro escenario. Montero ha asegurado que ninguna comunidad saldrá perjudicada y ha avanzado que en algunas figuras tributarias se incrementará el porcentaje de cesión a las regiones.
En cualquier caso, parece que hay cambios significativos en el nuevo modelo de financiación autonómica en el que trabaja actualmente el Ejecutivo. De hecho, se prevé eliminar las entregas a cuenta para los próximos años, un elemento clave del actual sistema de financiación. Este nuevo modelo también tendrá que tener en cuenta la singularidad de Cataluña, pactada entre el Gobierno central y el de Salvador Illa, que aún no ha cerrado un acuerdo sobre la recaudación de impuestos en esta comunidad.
Ocho CCAA unidas por la despoblación
El debate sobre el modelo de financiación autonomica genera diferentes puntos de vista territoriales. Algunas comunidades piden considerar la dispersión territorial, mientras que otras abogan por otros criterios. Sin embargo, la mayoría de las comunidades autónomas reclaman que se priorice la despoblación y el envejecimiento de sus habitantes, dado el gasto que esto conlleva en las arcas autonómicas.
En concreto, ocho regiones están pidiendo que se consideren estos criterios: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja. Hace unos años, el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunió, cuando era presidente de la Xunta de Galicia, a los otros siete ‘barones’ autonómicos para aprobar una declaración en la que solicitaron que se tuvieran en cuenta estos criterios.
¿Qué CCAA piden la población ajustada?
También existen comunidades comúnmente conocidas como ‘infrafinanciadas’, que llevan varios años pidiendo al Gobierno central la creación de un fondo de nivelación transitorio mientras se reforma el modelo de financiación autonómica. Estas comunidades autónomas están solicitando que se priorice la población ajustada en el nuevo modelo de financiación: Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
Por su parte, las tres grandes comunidades en términos económicos —Madrid, Cataluña y Baleares— apuestan por considerar el Producto Interior Bruto (PIB) regional para el nuevo modelo de financiación autonómica.
PIB o insularidad
Además, Baleares y Canarias también proponen criterios de insularidad para compensar su situación en el sistema de financiación en el que trabaja Hacienda. En este contexto, el Gobierno insiste en que un acuerdo para el modelo de financiación autonómica debe conllevar un consenso entre las dos grandes formaciones nacionales, lo que implica llegar a un acuerdo entre PSOE y PP.
Desde el Ejecutivo se está instando a la dirección nacional del PP a consensuar una posición para la negociación de este modelo, teniendo en cuenta que sus diferentes ‘barones’ territoriales están demandando distintos criterios.
El calendario del próximo modelo
Montero presentará el nuevo modelo este viernes en una rueda de prensa desde el Ministerio de Hacienda. La idea del Gobierno es convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera exclusivo para abordar la nueva financiación autonómica.
Cabe recordar que el Gobierno tiene el 50 % de los votos en este Consejo, por lo que solo necesitaría el voto positivo de una comunidad para que la propuesta avance en este foro multilateral. Posteriormente, el modelo se llevará para su aprobación por el Consejo de Ministros y luego al Congreso de los Diputados, donde requerirá una mayoría suficiente. El objetivo del Gobierno es que entre en vigor en 2027 y lograr un amplio consenso para que se mantenga en el tiempo, aunque Montero ha señalado que el PP no está dispuesto «ni siquiera a discutir» el nuevo modelo.
