La UE requerirá que los coches eléctricos subsidiados sean fabricados en Europa y tengan un 70 %
La Comisión Europea ha propuesto que, al conceder ayudas públicas a vehículos eléctricos, se requiera al sector de la automoción que su ensamblaje sea realizado en la UE y que al menos un 70 % de sus componentes sean de origen doméstico, excluyendo las baterías, para las cuales se estipulan requisitos específicos.
La propuesta de la Ley de Aceleración Industrial
Estos requisitos forman parte de la Ley de Aceleración Industrial, presentada este miércoles tras varios retrasos. La ley recoge el concepto de ‘made in Europe’, cuyo alcance es un tema delicado que suscita dudas tanto en la institución como entre los Estados miembros. Solo los vehículos que puedan ser catalogados como ‘made in Europe’ podrán beneficiarse de ayudas públicas, como incentivos a la compra o participación en procesos de contratación pública.
70 % de componentes europeos y montaje en la UE
Para obtener esta etiqueta, el montaje deberá llevarse a cabo en un país de la UE y, además, al menos un 70 % de los componentes deberán ser de origen comunitario. Este porcentaje excluye las baterías eléctricas, para las que la ley establece que tres de sus componentes deben ser europeos, incluyendo las celdas.
Los criterios se endurecerán tres años después de la entrada en vigor de la normativa. Con el mínimo general del 70 % de componentes, los fabricantes deberán garantizar que el 50 % de los sistemas eléctricos y del sistema de propulsión sean europeos.
Para las baterías, al menos cinco componentes deberán ser de origen doméstico transcurridos tres años.
Bruselas define como ‘made in Europe’ los productos manufacturados en los países de la UE y el Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein), así como en otros Estados considerados «de confianza», que se designarán sector por sector según los acuerdos comerciales y el trato hacia los productos comunitarios.
En el sector automovilístico, la Comisión Europea propone restringir esta definición en las ayudas para flotas corporativas de vehículos eléctricos, que representan un 60 % del mercado en la UE, de modo que solo los componentes fabricados en los 27 Estados miembros y el Espacio Económico Europeo serán considerados europeos.
Sin embargo, para las ayudas a la compra de vehículos por particulares, se aplicará la definición más amplia que permitirá componentes de esos socios de confianza.
Para hacerse con esta etiqueta, su montaje tendrá que tener lugar en un país de la UE, además de que al menos un 70 % de los componentes sean de origen comunitario.
Inversiones y soberanía económica
Por otro lado, al sector automovilístico se le aplicarán los mismos requisitos que a otros sectores en materia de inversiones extranjeras. Los inversores de terceros deberán operar a través de empresas conjuntas lideradas por firmas europeas y contratar mano de obra local, lo que afectará especialmente a las compañías chinas.
Estas medidas buscan «detener y revertir» la tendencia negativa del sector, que podría resultar en una pérdida de 600.000 empleos en los próximos 5 a 10 años. Asimismo, la propuesta busca atajar la dependencia que tiene la UE de China, país del cual proviene el 50 % de las baterías importadas para vehículos eléctricos.
El Ejecutivo comunitario advierte que ya no es posible posponer la adopción de medidas efectivas para evitar que se desplace la producción local. En ausencia de acciones, las circunstancias actuales podrían llevar a una dependencia total de terceros países en componentes clave, lo que representa una grave amenaza para la seguridad económica y la resiliencia futura de la Unión.
En resumen, la propuesta refleja un cambio de enfoque: no solo se trata de acelerar la electrificación del transporte, sino de hacerlo fortaleciendo la industria europea y asegurando que la transición ecológica vaya de la mano con la competitividad y la soberanía económica.
