La UE decide limitar la importación de acero sin arancel y gravar en un 50% el resto

BRUSELAS, 14 Abr. (EUROPA PRESS) – Los negociadores del Consejo (gobiernos) y del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo político para reforzar la protección del acero europeo contra el impacto de la sobreproducción global. Este acuerdo incluye recortes del 47% en el volumen de importaciones que puede entrar sin arancel y un aumento del impuesto hasta el 50% en las importaciones que superen ese límite.
Un nuevo marco de protección
El pacto, que debe ser formalmente adoptado por ambas instituciones, establece un nuevo marco que sustituye a las actuales salvaguardias, vigentes desde 2018 y que expiran en junio de este año. El objetivo es proteger al sector europeo frente a la presión provocada por el exceso de oferta en los mercados internacionales.
Cuota anual y aranceles
El nuevo sistema fija en 18,3 millones de toneladas anuales el volumen de acero que podrá entrar sin arancel en el mercado comunitario. Las importaciones por encima de este umbral estarán sujetas a un arancel del 50%, en comparación con el 25% actual. Esta medida, según Bruselas, permitirá afrontar los efectos del exceso de producción mundial, que se estima podría alcanzar los 721 millones de toneladas en 2027, más de cinco veces el consumo anual de acero de la UE.
Mejoras en la trazabilidad
Por otro lado, el acuerdo introduce nuevos requisitos para mejorar la trazabilidad del acero importado, permitiendo identificar el país de producción original y tener en cuenta este factor al asignar las cuotas correspondientes. Asimismo, se ha acordado reforzar el sistema de revisión de la norma, con la Comisión evaluando si es necesario ampliar el alcance de los productos cubiertos en un plazo de seis meses, realizando actualizaciones periódicas según la evolución del mercado.
Compromiso con la OMC y flexibilidad para empresas
El nuevo marco se mantendrá en conformidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y prevé cierta flexibilidad para las empresas, como la posibilidad de trasladar cuotas no utilizadas entre trimestres durante el primer año de aplicación.
Tanto el Parlamento y el Consejo como la Comisión han destacado que este acuerdo tiene como objetivo garantizar la viabilidad a largo plazo de un sector estratégico para la economía europea, que emplea a cientos de miles de trabajadores y es considerado clave para áreas como la defensa y la transición energética.
