Junta de Castilla y León da luz verde a planta de biometano con restricciones ambientales
La Junta de Castilla y León ha aprobado la construcción de una planta de biometano en La Antigua, León, un proyecto que tratará hasta 60.000 toneladas anuales de residuos orgánicos y que se estima que producirá más de 4,15 millones de metros cúbicos de biometano al año. Sin embargo, la iniciativa se encuentra rodeada de dudas ambientales y oposición local, provocando preocupación por los posibles olores, el impacto sobre la fauna protegida y la presión en el territorio.
Dentro de su estrategia para fomentar las energías renovables y reducir la huella contaminante, la Junta ha dado luz verde a esta planta de biometano, una infraestructura clave en la transición energética. La instalación no solo producirá biometano, sino que también generará biogás para el consumo interno. La planta incorporará un gasoducto y una conexión eléctrica subterránea que ampliarán su alcance territorial.
El proyecto, impulsado por Aratel Energía Renovable, contempla la construcción de esta planta, que se basará en la digestión anaerobia para transformar residuos orgánicos, incluidos subproductos animales (SANDACH), en gas renovable. Esto permitirá valorizar estos residuos y convertirlos en biometano apto para su inyección en la red gasista.
Una vez en marcha, la planta generará más de 4,15 millones de metros cúbicos de biometano al año y biogás que se destinará al autoconsumo térmico del proceso industrial. La infraestructura incluirá un gasoducto enterrado que se conectará con la red Zamora-Benavente-León y una línea eléctrica subterránea de 343 metros, ampliando su huella territorial. La superficie total del proyecto supera las 5 hectáreas, lo que posiciona a esta instalación como una de las más relevantes en el ámbito de la economía circular y la energía renovable en Castilla y León.
Durante el proceso de información pública, numerosos vecinos, ayuntamientos y organizaciones ecologistas presentaron alegaciones, evidenciando una fuerte preocupación social. Las críticas se centraron en los posibles olores, ruido, aumento del tráfico pesado, impacto paisajístico y afección a la fauna, especialmente en un entono rural de alto valor ambiental. Aunque el promotor del proyecto defiende que solo el 30% de la materia será SANDACH y que la planta estará situada a más de 2 kilómetros de núcleos habitados, sus opositores siguen alertando sobre los impactos negativos que podría acarrear.
La Declaración de Impacto Ambiental ha considerado el proyecto compatible, pero ha impuesto un amplio conjunto de medidas correctoras, preventivas y de control. Estas incluyen la realización de un estudio olfatométrico, la implementación de sistemas avanzados de desodorización, y controles periódicos de emisiones, ruido y calidad de aguas subterráneas. Esto implica un seguimiento continuo durante todas las fases del proyecto.
El informe también destaca que la planta se localizará en un área de alto valor para aves esteparias, lo que obliga a establecer restricciones temporales en las obras, así como limitaciones al tránsito de vehículos pesados y condiciones estrictas para el uso del digestato como fertilizante agrícola. A pesar del visto bueno ambiental, el proyecto aún necesita autorizaciones clave y perderá su validez si no se ejecuta en un plazo máximo de 4 años, dejando su futuro en un estado incierto.
La evaluación ambiental ha autorizado la iniciativa con requisitos rigurosos, incluyendo controles continuos de emisiones y sistemas de mitigación, garantizando una supervisión constante durante el desarrollo y funcionamiento del proyecto. Esta situación evidencia la complejidad de equilibrar el avance hacia energías renovables con la adecuada protección del medio ambiente y las comunidades locales.
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