Es necesario controlar al oligopolio eléctrico; el RDL ‘antiapagón’ avanza en la dirección

Desde el Gobierno no se ha querido perder tiempo para poner en marcha la promesa del presidente de volver a presentar el denominado “decreto antiapagones”. Esto sucede tras la oposición el pasado 22 de julio de sus socios de investidura, Podemos, Junts y BNG, quienes se unieron a PP y Vox para evitar su aprobación.

Apenas nueve días después de este revés político, se aprobó el nuevo Real Decreto-Ley (RDL) en Consejo de Ministros sin pasar por el Congreso. Varias organizaciones ecológicas han expresado su apoyo a esta nueva medida, aunque también han cuestionado ciertos puntos que consideran «mejorables».

Un RDL positivo

Greenpeace ha valorado positivamente que el nuevo decreto antiapagones rescate medidas importantes del anterior RDL que fue rechazado en el Congreso en julio, como aquellas que limitan el poder del oligopolio eléctrico. Sin embargo, la organización también lamenta que la nueva propuesta no aborde aspectos fundamentales como el impulso al autoconsumo.

Adicionalmente, Greenpeace exige al Gobierno que revele los nombres de las centrales nucleares y de gas que no respondieron durante el apagón, y que no se elimine la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para las baterías hibridadas en plantas renovables, considerando esta eliminación como una medida innecesaria y peligrosa. Esta postura fue manifestada en sus alegaciones al decreto presentadas ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según José Luis García Ortega, responsable del Área de Clima, Energía y Movilidad de la ONG, “este decreto es un paso necesario, pero hace falta más contundencia para que el sistema eléctrico no siga controlado por un oligopolio, puesto que la investigación sobre las causas del apagón dejó claro que el debate nuclear y el ataque a las renovables tras el 28 de abril eran una cortina de humo para esconder los fallos de las centrales de gas”.

“El Gobierno tiene que proteger a la ciudadanía, no al oligopolio, y por eso exigimos que publique los nombres de las centrales que no estuvieron disponibles el día del apagón”, agregó García Ortega.

Greenpeace celebra las medidas del decreto que ayudan a acelerar la transición limitando el poder del oligopolio eléctrico y el rol de las centrales de gas. La organización valora positivamente que la norma imponga mayores controles por parte de la CNMC y establezca tiempos máximos de tramitación para los refuerzos de las líneas e infraestructuras necesarias para cargadores de vehículos eléctricos.

Sin embargo, Greenpeace recuerda que no es suficiente con limitar el poder del oligopolio, sino que se debe acabar con él como única vía para evitar, entre otras barreras, su boicot al consumo colectivo y las comunidades energéticas. Por ello, la ONG demanda medidas adicionales para separar de manera efectiva a las empresas que realizan actividades energéticas reguladas y liberalizadas, además de regular el abuso del uso especulativo de las hidroeléctricas.

La ONG también menciona que es crucial activar las inversiones en almacenamiento, especialmente en hibridación con plantas renovables existentes, y acoge con buenos ojos la agilización de los trámites necesario para esto, que contempla reducir a la mitad los plazos para los hitos administrativos de las baterías hibridadas con plantas renovables preexistentes.

No obstante, Greenpeace considera peligrosa y totalmente innecesaria la eliminación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para instalaciones que ya cuentan con EIA simplificada con plazos máximos de resolución de tres meses. La supresión de este trámite cerraría la única puerta de participación pública durante todo el proceso de tramitación.

Experiencias anteriores, como la Tramitación Ambiental Exprés, han demostrado que eliminar los trámites ambientales y la participación pública no es un mecanismo efectivo para agilizar la tramitación, sino que genera temores en las comunidades locales, alimentando discursos en contra de la transición. Por tal razón, Greenpeace solicita que se mantenga la EIA simplificada para las baterías en hibridación con plantas renovables.

“Estamos de acuerdo en la necesidad de agilizar trámites para avanzar en la transición, pero es un error hacerlo a costa de garantías ambientales o de participación pública. La transición será participada o no será”, afirmó Sara Pizzinato, coordinadora de la Campaña de Energías Renovables de la organización.

Consideraciones a tomar en cuenta

La ONG también lamenta que el RDL propuesto no incluya medidas largamente esperadas para la aceleración de la transición energética y el impulso del autoconsumo. Por ello, demanda la presentación urgente de normas que regulen aspectos como:

1. La tan demandada ampliación del radio para el autoconsumo de proximidad a 5 km propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
2. La creación de la figura del gestor del autoconsumo, que no se ha podido incluir en este decreto debido a que requiere reformar la Ley 24/2013.
3. Medidas para liberar a los hogares de la dependencia del gas, como las desgravaciones fiscales por instalar bombas de calor.
4. La pronta puesta en marcha de la Comisión Nacional de Energía con el objetivo de regular el sistema energético, buscando un suministro 100% renovable para 2040 y una reducción de la demanda energética a la mitad para el mismo año.
5. Estandarizar la carga bidireccional para vehículos eléctricos, minimizando la necesidad de baterías fijas y normalizando la tecnología que aporte inercia sintética al sistema.
6. La limitación del uso especulativo para operadores de plantas hidroeléctricas, que deben operar para dar inercia, flexibilidad y estabilidad al sistema y no estar sujetas a intereses económicos de empresas concesionarias.
7. Regular los pagos por capacidad para remunerar solamente los servicios realmente prestados, evitando que se destinen a alargar la vida de centrales contaminantes o peligrosas.
8. Iniciar los trámites para legislar el fin del oligopolio, separando completamente a las empresas que realicen actividades energéticas reguladas y liberalizadas, de manera que ninguna compañía posea más del 15% del mercado de generación, distribución o comercialización.

Por último, Greenpeace subraya la necesidad de que el Gobierno mantenga firme el calendario acordado de cierre de centrales nucleares, que son incompatibles con un sistema eléctrico basado en energías renovables. Las trabajadoras afectadas, además, merecen claridad para abordar una transición justa.

El nuevo RDL tendrá un alcance mucho menor, pues no podrá incorporar cambios que modifiquen una ley. Sin embargo, las exclusiones no son definitivas, ya que, tras haberse expuesto a consulta pública, aún puede sufrir modificaciones, algunas de las cuales han sido sugeridas por Greenpeace.

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