El tratado de alta mar entra en vigor hoy con 83 ratificaciones y Corriente de Canarias como
MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) – El Tratado de los Océanos, también conocido como Tratado de Alta Mar o BBNJ por sus siglas en inglés, entra hoy en vigor tras reunir 83 ratificaciones —23 más que el mínimo requerido— y 145 firmas. Uno de los resultados más esperados de este acuerdo internacional será la creación de una red mundial de Áreas Marinas Protegidas de Alta Mar, entre las que podría estar la Corriente de las Islas Canarias, situada en la costa de África Occidental en la zona atlántica.
Este tratado, que comenzó a gestarse en 2004, busca preservar y garantizar un uso sostenible de dos tercios de los océanos. Se basa en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, pero refuerza el marco legal para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina, acorde con la propia ONU. Este acuerdo proporciona un marco para la cooperación entre países y otros actores, considerándose «crucial» para lograr los objetivos de la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible y el Marco de Biodiversidad Global Kunming-Montreal.
El pacto tiene como objetivo «un reparto justo de los beneficios de las actividades relacionadas con los recursos genéticos marinos» en beneficio de toda la humanidad. También prevé la creación de zonas protegidas para preservar hábitats vitales, especies amenazadas y fondos marinos, así como la necesidad de evaluar el impacto de actividades económicas en el medio marino. Además, se busca crear un marco legal internacional para evaluar los efectos de estas actividades en alta mar, sus consecuencias para el cambio climático, la acidificación de los océanos y otros impactos ambientales.
¿Qué sucederá a partir del sábado?
Una de las organizaciones que más se ha mobilizado a favor del tratado ha sido la High Seas Alliance. Su coordinadora regional para Asia, Reza Sakharjahukos, indicó en una rueda de prensa que varias de las obligaciones recogidas en el tratado entrarán en vigor de inmediato a partir de hoy.
Los Estados que sean parte del acuerdo tendrán la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental si hay alguna actividad planificada en zonas fuera de la jurisdicción nacional o cualquier actividad dentro de esta que tenga un impacto significativo en alta mar. También deberán adoptar las medidas políticas necesarias para garantizar la notificación, la presentación de informes y la distribución oportuna de los beneficios derivados de cualquier actividad relacionada con los recursos genéticos marinos, así como promover la cooperación internacional en la investigación científica marina.
«Si bien algunas de estas obligaciones dependen de la implementación de instituciones o comités en el marco de la BBNJ, no todas lo son. Existen numerosos ejemplos prácticos que demuestran que, bajo esta disposición, los países ya podrían comenzar a actuar», agregó.
Proteger áreas oceánicas más grandes que continentes enteros
Tras la activación del tratado, los países deben celebrar la primera Conferencia de Partes antes del 17 de enero de 2027, lo que se llevará a cabo en Nueva York (EE.UU.). Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han instado a los gobiernos a actuar con celeridad en la designación de áreas marinas protegidas ahora que el acuerdo internacional entra en vigor.
Según Greenpeace, pasar del «1%» de áreas de alta mar protegidas actualmente al 30% en un plazo de cuatro años «requerirá que los gobiernos protejan áreas oceánicas más grandes que continentes enteros y que lo hagan más rápido que cualquier esfuerzo de conservación en la historia».
«No podemos confiar en que los grandes actores de la industria pesquera prioricen la protección del océano y dejen de explotarlo por iniciativa propia; necesitamos que los gobiernos les obliguen a hacerlo», destacó Ana Pascual, responsable de la campaña de océanos de Greenpeace.
En lo que respecta a España, la ONG ha afirmado que ahora es el momento de que el Gobierno «reafirme su compromiso con la protección de los océanos, liderando propuestas para la designación de los primeros santuarios marinos en aguas internacionales».
De manera más concreta, SEO/BirdLife ha subrayado que su objetivo es «implicar a gobiernos, administraciones, sectores económicos y otros actores para abogar por la designación y gestión eficaz de nuevas áreas marinas protegidas en alta mar, esenciales para las poblaciones de mamíferos marinos, tortugas, peces y aves marinas, garantizando la conectividad de sus rutas migratorias».
Ha señalado que sería viable que España protegiera el 30% de su superficie marina para 2030, pero subrayó que, para que estas figuras de protección sean realmente efectivas, es esencial implementar planes de gestión que regulen las actividades que pueden impactar su conservación.
«Por el momento, solo unos pocos espacios marinos costeros y el monte submarino de ‘El Cachucho’ en el Cantábrico cuentan con planes de gestión aprobados. Este impulso internacional por la conservación debe servir para que España avance en su compromiso y trabaje activamente para cumplir con sus responsabilidades», concluyó.
Desde WWF, se hace un llamado a gobiernos y empresas para colaborar en un esfuerzo conjunto que permita la efectiva implementación del tratado y anima a los países que aún no lo han hecho a sumarse a este esfuerzo global.
«Ha llegado el momento de que todos los Estados y actores que utilizan los océanos colaboren de verdad para protegerlos. Solo situando la salud de los océanos en el centro de actividades como la pesca, el transporte marítimo y otros usos, se garantizará la vida marina y los servicios ecosistémicos para las generaciones futuras», puntualizó Jessica Battle, experta en gobernanza y políticas oceánicas globales de WWF.
