El mapa de ayudas frente a la guerra en Irán: más de 2.300 millones para mitigar el impacto
La guerra en Irán y su impacto en los precios de la energía y los carburantes han llevado a las comunidades autónomas en España a activar paquetes propios de respuesta económica que ya superan los 2.300 millones de euros. Estas medidas están centradas principalmente en apoyar a empresas, autónomos y sectores productivos que son especialmente vulnerables al aumento de los costes energéticos.
Estas actuaciones se llevan a cabo en paralelo al plan estatal aprobado por el Gobierno español, que incluye 80 medidas con un presupuesto de 5.000 millones de euros, con el objetivo de contener los efectos de la crisis provocada por el conflicto en Oriente Medio. Este contexto se plantea en un marco de incertidumbre sobre la duración del conflicto y su repercusión en los mercados internacionales.
Como parte de este plan estatal, los profesionales del transporte, agricultores, ganaderos y pescadores de toda España recibirán un descuento de 0,20 euros por cada litro de combustible que reposten en sus vehículos hasta el 30 de junio. Esta ayuda será gestionada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales en el País Vasco y Navarra.
El Ministerio de Hacienda espera que estas ayudas, que beneficiarán a transportistas y agricultores, puedan comenzar a pagarse en abril. Es importante destacar que la devolución por gasóleo agrario se tramita a ejercicio vencido, mientras que las devoluciones de gasóleo profesional se harán mensualmente. Hasta el momento, más de la mitad de las comunidades autónomas han anunciado iniciativas específicas para amortiguar la presión sobre la actividad industrial, el transporte y el tejido empresarial.
Mayor esfuerzo presupuestario en el País Vasco
Entre las comunidades con más amplio apoyo económico destacan el País Vasco, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Castilla y León. Estas han diseñado planes que buscan mejorar la liquidez empresarial, sostener el empleo y proteger sectores vulnerables ante el encarecimiento energético.
El mayor paquete corresponde al País Vasco, que ha destinado 1.047 millones de euros para crear un «escudo industrial» que protege el empleo, apoya a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y fortalece la autonomía energética. En segundo lugar, Cataluña planea movilizar 400 millones de euros para proteger el poder adquisitivo de las familias y garantizar la continuidad de la actividad económica en los sectores más afectados.
La Comunidad Valenciana ha anunciado que destinará más de 300 millones de euros en medidas enfocadas al tejido empresarial, que incluyen una línea de créditos bonificados de 100 millones y ayudas para sectores como el transporte, la logística y la pesca. Por su parte, Castilla y León ha aprobado un paquete cercano a los 170 millones de euros, estructurado en 28 medidas que apoyan la actividad económica y el empleo.
Galicia, por su parte, ha aprobado un paquete superior a los 150 millones de euros para ayudar a los sectores más impactados, complementados por los 120,6 millones de euros que se dejarán de ingresar a nivel autonómico debido a las medidas estatales. En Baleares, se destinarán cerca de 161 millones de euros en ayudas directas y líneas de crédito para sectores estratégicos como transporte, industria, comercio y agricultura.
Además, Navarra ha aprobado un decreto foral para harmonizar la tributación, que incluye la reducción del IVA del 21% al 10% en combustibles, electricidad y gas hasta el 30 de junio, lo que generará un ahorro fiscal superior a 37 millones de euros para los contribuyentes navarros. Canarias ha planeado medidas por un valor de 29,8 millones de euros para un periodo inicial de cien días, ampliables a 60 millones si el conflicto continúa. Por último, Murcia ha movilizado un primer paquete de 11 medidas valoradas en 10 millones de euros para apoyar a sectores afectados por el aumento de precios de carburantes y electricidad.
Territorios sin planes propios
Sin embargo, hay regiones, como la Comunidad de Madrid y Asturias, que aún no han propuesto nuevas iniciativas específicas aunque han indicado que están analizando las necesidades de sus sectores afectados. En el caso del Principado de Asturias, el Ejecutivo autonómico está considerando la implementación de medidas fiscales si el impacto económico del conflicto se intensifica.
El Gobierno de La Rioja se encuentra en una «fase de análisis» de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, evaluando su repercusión en la economía regional antes de tomar decisiones adicionales. En Cantabria, se ha decidido no implementar actuaciones propias, limitándose a evaluar si es necesario complementar las medidas estatales. A la lista se suman Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Andalucía, donde, por ahora, no se han comunicado planes autonómicos específicos relacionados directamente con el impacto de la crisis en Irán.
Ceuta y Melilla sin rebajas fiscales
Por último, el plan estatal de ayudas ha excluido a Ceuta y Melilla, donde, por el momento, no se implementarán iniciativas ni paquetes económicos propios para mitigar los efectos de la guerra en Irán. Esta exclusión se debe al régimen impositivo especial en estas ciudades, específicamente el IPSI (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación), que impide que los ciudadanos de ambos territorios se beneficien de las rebajas fiscales aplicadas en el resto del país.
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