El M23 rechaza el informe de la ONU sobre las víctimas en ataques atribuidos al grupo en RDC
El grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) ha rechazado categóricamente el informe de la ONU que estima en casi 320 la cifra de civiles muertos por ataques atribuidos a sus milicianos entre el 9 y el 21 de julio en la región de Kivu Norte, en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC). El organismo internacional presentó estos hallazgos en medio de un creciente conflicto en la región.
En un comunicado, el M23 califica las acusaciones de ser una «flagrante tergiversación de los hechos», lo que constituye una violación de la imparcialidad y un grave quebrantamiento de la credibilidad de la ONU. Afirman que el informe se basa en «acusaciones infundadas sin respaldo fáctico» y critican los «fallos metodológicos y sesgo injustificable» del documento.
Además, el M23 señala que el informe ha utilizado «fuentes comprometidas y no fiables», refiriéndose a milicias aliadas del Ejército congoleño, y critica la «omisión deliberada de las atrocidades documentadas del régimen de Kinshasa». También denuncian «masacres sistemáticas» de fuerzas gubernamentales y milicias contra la población civil, dejando entrever la complejidad de la situación en la región.
En un llamado a la ONU, el M23 pide una retractación inmediata y una disculpa pública, así como una investigación independiente sobre los orígenes de estas acusaciones. Abogan por el fin de la parcialidad institucional del organismo internacional, sosteniendo que su credibilidad está en juego ante las crecientes tensiones en el área.
KINSHASA CONDENA «ENÉRGICAMENTE» LA MUERTE DE MÁS DE 300 CIVILES
Por otro lado, el Gobierno congoleño ha condenado enérgicamente la masacre de más de 300 civiles perpetrada por el M23 durante el mes de julio en varios lugares de Kivu Norte. Según el Gobierno, esta cifra representa una de las más altas registradas desde el resurgimiento del M23, siendo un trágico recordatorio del horror de la masacre de Kishishe, ocurrida en diciembre de 2022.
El Ministerio de Comunicación expresó en un comunicado que la información recopilada y corroborada por la ONU «confirma que la mayoría de las víctimas, incluidas numerosas mujeres y niños, eran civiles indefensos ejecutados sumariamente en sus campos o aldeas». Resaltan que estos atroces crímenes se han llevado a cabo durante el periodo de alto el fuego, lo que complica todavía más el escenario de paz.
En este contexto, el Gobierno denunció «la flagrante violación de los compromisos firmados en Doha» y alertó a la comunidad internacional sobre «la contradicción fundamental entre la retórica» del M23 y sus acciones en el terreno. De esta manera, la cartera ministerial insistió en que «ningún proceso de paz puede prosperar en silencio ante el horror» y que «la protección de la vida humana sigue siendo innegociable y un elemento central de la acción del Estado».
Es importante recordar que el Gobierno congoleño y el M23 firmaron el 19 de marzo en Qatar una declaración de principios que se comprometía a parar los combates y a negociar. Esto ocurrió medio mes después de que las autoridades de la RDC y las de Ruanda también sellaran un acuerdo de paz, mediado por Estados Unidos, en un esfuerzo por poner fin a años de conflicto en la región.
