El horizonte del fiscal general: juicio breve en otoño y sentencia posible antes de fin de año

El Tribunal Supremo (TS) se dispone a juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Este juicio se prevé para el mes de noviembre, con una duración breve y la posibilidad de contar con sentencia antes de que finalice el año, según fuentes jurídicas consultadas.

La situación judicial de García Ortiz comenzó a plantearse el 9 de junio, cuando el instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, decidió procesarlo por un presunto delito de revelación de secretos. Esta decisión se produce tras un proceso que involucró también a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien decidió no ser juzgada en esta ocasión.

La Fiscalía, representada por María Ángeles Sánchez Conde, y ambos imputados apelaron la decisión, pero la Sala de Apelación solo aceptó la impugnación de Rodríguez, dejando al fiscal general a la espera de una resolución definitiva. El juez Hurtado exigió a García Ortiz una fianza de 150.000 euros para cubrir posible indemnizaciones, ya que González Amador reclama 300.000 euros solo por ese concepto. García Ortiz tiene diez días para presentar su escrito de defensa.

Se espera que el juicio se lleve a cabo en noviembre, con una duración aproximada de una semana, lo que permitiría obtener una sentencia antes de que comience el año 2026. El tribunal asignado para juzgar a García Ortiz se conformará con los magistrados que abrieron el caso, incluyendo a Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela, a quienes se añadirán otros dos magistrados, probablemente Ana Ferrer y el actual presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta.

Un juicio complejo

Las fuentes legales advierten que este será un proceso complicado, no solo por la relevancia del acusado, ya que es la primera vez que un fiscal general es juzgado ante el Tribunal Supremo, sino también por las dificultades relacionadas con las pruebas de la revelación de secretos. Existe la posibilidad de que el catálogo de delitos se amplíe, incluyendo cargos de prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos públicos, lo que podría resultar en penas de hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación.

En cuanto a las pruebas a presentar en juicio, se han solicitado numerosas declaraciones de testigos, incluyendo las de García Ortiz, González Amador y otros miembros relevantes del caso. Esta preparación implica la confrontación de testimonios y evidencias procedentes de la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los hechos fijados por el instructor

El magistrado Hurtado ha determinado que la filtración presuntamente realizada por García Ortiz ocurrió durante la noche del 13 de marzo de 2024, en la que envió a la Cadena SER un correo electrónico que contenía información delicada y confidencial sobre González Amador. Esta revelación se produce antes de que el correo fuera difundido por otros medios. Hurtado sostiene que la divulgación de tal información pone en riesgo no solo la reputación del afectado, sino también la credibilidad de la institución del Ministerio Fiscal, que debe basar sus actuaciones en principios de legalidad e imparcialidad.

El magistrado subraya que Garcia Ortiz, en su papel de fiscal, tenía el deber de discreción y que la revelación de información confidencial no solo compromete la privacidad del afectado sino que también puede tener efectos perjudiciales en su derecho a la defensa. La apertura del juicio oral representa una etapa crucial en la que se evaluará la conducta del fiscal general y las potenciales responsabilidades que podría afrontar.