El Gobierno arranca el año con la promesa de un nuevo modelo de financiación y el desafío de
Hacienda espera que el sistema pueda entrar en vigor en el año 2027
El Ministerio de Hacienda arranca este año 2026 con la promesa de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica entre enero y febrero. Esta iniciativa ha motivado a las comunidades a volver a poner sobre la mesa los criterios que consideran que deben primar en este sistema, aunque el Gobierno insiste en buscar un amplio consenso entre PSOE y PP.
Actualmente, el Gobierno central no ha concretado ningún detalle sobre el nuevo modelo, solo ha manifestado su intención de combinar la multilateralidad y la bilateralidad en el proceso. La última propuesta presentada por Hacienda se basaba en la población ajustada, pero su planteamiento no fue finalmente aprobado.
En este contexto, queda por determinar si Hacienda trabajará sobre el texto que remitió a las comunidades o si tiene previsto un escenario diferente. La ministra María Jesús Montero ha asegurado que ningún territorio saldrá perjudicado y ha anunciado que el porcentaje de cesión de algunas figuras tributarias a las regiones se verá incrementado.
Los avances previos tanto de las comunidades autónomas como del propio Gobierno indican que podría haber cambios significativos en el futuro modelo de financiación autonómica. Por ejemplo, el Gobierno central prevé eliminar las entregas a cuenta para los próximos años, algo que ha sido fundamental en el actual sistema de financiación. En este nuevo esquema también será necesario considerar la singularidad de Cataluña, que fue acordada entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Salvador Illa.
El calendario del próximo modelo
La ministra Montero ha informado a las comunidades autónomas de su intención de presentar el nuevo modelo de financiación en los próximos meses, específicamente durante enero o febrero. La idea del Gobierno es convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera exclusivo para abordar la nueva financiación autonómica.
Es importante recordar que el Gobierno posee el 50 % de los votos en dicho Consejo, lo que implica que solo necesitaría el apoyo de una comunidad para que la propuesta sea aprobada en este foro multilateral.
Posteriormente, el modelo deberá ser validado por el Consejo de Ministros y luego ser enviado al Congreso de los Diputados, donde se requerirá de una mayoría suficiente para su aprobación. La intención del Gobierno es que este nuevo modelo entre en vigor en 2027 y se logre un amplio consenso para garantizar su sostenibilidad en el tiempo, aunque Montero ha expresado su preocupación de que el PP no esté dispuesto «ni siquiera a discutir» el nuevo modelo.
Ocho comunidades autónomas unidas por la despoblación
El debate sobre el modelo de financiación autonómica ha suscitado diferentes puntos de vista territoriales. Algunas comunidades exigen que se contemple la dispersión territorial, mientras que otras abogan por distintos criterios de asignación de recursos. La mayoría de las comunidades autónomas están reclamando que se priorice el problema de la despoblación y el envejecimiento de sus habitantes, dado que esto conlleva un gasto significativo para sus arcas.
Ocho regiones están pidiendo que se antepongan estos criterios: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja. Hace algunos años, el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunió a otros siete ‘barones’ autonómicos para aprobar una declaración en favor de tener en cuenta dichos criterios.
¿Qué comunidades autónomas piden la población ajustada?
También existen las comunidades comúnmente referidas como ‘infrafinanciadas’, que llevan años exigiendo al Gobierno central la creación de un fondo de nivelación transitorio mientras se reforme el modelo de financiación autonómica. Entre estas comunidades están la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, que demandan que se priorice la población ajustada en el nuevo modelo.
PIB o insularidad
Por otro lado, las tres grandes comunidades en términos económicos —Madrid, Cataluña y Baleares— están promoviendo que se considere el Producto Interno Bruto (PIB) regional en el nuevo modelo de financiación autonómica. Además, Baleares y Canarias sugieren la inclusión de criterios de insularidad para compensar las desventajas que enfrentan en el sistema de financiación que actualmente está en revisión.
Finalmente, el Gobierno subraya que lograr un acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica requiere de un consenso entre las dos grandes formaciones políticas, lo que obliga a PSOE y PP a encontrar un entendimiento en torno a este complejo asunto. De esta manera, el Ejecutivo está instando a la dirección nacional del PP a consensuar una postura para la negociación del nuevo modelo, dado que sus diferentes ‘barones’ territoriales han presentado diversas demandas y criterios de priorización.
