El Comité de Libertades Civiles del Parlamento Europeo aprueba una reforma de las normas de
El lunes, el Comité de Libertades Civiles adoptó su posición sobre los cambios propuestos a la política de la UE sobre el retorno de nacionales no pertenecientes a la UE que se encuentren ilegalmente en el territorio comunitario.
Con 41 votos a favor, 32 en contra y 1 abstención, los eurodiputados del Comité de Libertades Civiles adoptaron sus enmiendas a la propuesta de la Comisión para revisar los procedimientos de retorno en la UE, presentada en marzo de 2025.
Según el borrador de la ley, las autoridades nacionales competentes deben emitir una decisión de retorno para cualquier nacional no perteneciente a la UE que esté ilegalmente en un Estado miembro, imponiendo así la obligación de abandonar el territorio del Estado miembro relevante.
Las decisiones de retorno se incluirían en una «orden de retorno europea» y estarían disponibles, a través del Sistema de Información de Schengen, en toda el área Schengen. Cualquier país de la UE deberá reconocer y ejecutar las decisiones de retorno y las órdenes de expulsión emitidas por otro país de la UE a más tardar el 1 de julio de 2027, según lo propuesto por la Comisión. El país de la UE en cuyo territorio se encuentre ilegalmente el nacional de un tercer país será responsable de garantizar su retorno.
Los eurodiputados insisten en que la regulación actual debe respetar funciones esenciales de responsabilidad nacional, como mantener la integridad territorial, garantizar el orden público y salvaguardar la seguridad nacional.
Obligación de Cooperar
Los nacionales no pertenecientes a la UE sujetos a una decisión de retorno deberán cooperar con las autoridades y se les podrá ofrecer la posibilidad de un retorno voluntario. Para preparar su retorno efectivo y oportuno, se podrá detallar a los nacionales de terceros países, por ejemplo, si no cooperan, representan un riesgo de fuga, plantean un riesgo para la seguridad o por cualquier otro factor relevante que impida una expulsión oportuna. Las causas de detención se establecerán en la legislación nacional y la detención deberá ser ordenada por autoridades administrativas o judiciales. También se podrá ordenar la detención de menores no acompañados y familias con niños, como medida de último recurso, por el período más corto adecuado y teniendo en cuenta el interés superior del niño. El tiempo de detención podrá ser de hasta 24 meses.
Los Estados miembros también pueden proporcionar alternativas a la detención, incluyendo reportes regulares, la obligación de residir en un lugar designado, una garantía financiera o monitoreo electrónico.
Acuerdo con países fuera de la UE para aceptar retornados
La elección del país de retorno variará dependiendo de la situación del retornado, teniendo en cuenta el país de origen, el país por el que transitó hacia la UE y si existe un tercer país seguro. Esta regulación también permitirá la posibilidad de retornar a un país que acepte a la persona mediante un acuerdo concluido con un Estado miembro de la UE o con la propia UE. No se podrá transferir a menores no acompañados basándose en dichos acuerdos.
Prohibición de entrada
Si un nacional de un tercer país no ha cumplido con una decisión de retorno dentro del tiempo establecido para el retorno voluntario, o está sujeto a expulsión, o representa un riesgo para la seguridad, deberá ser emitida una prohibición de entrada a la UE. La duración de la prohibición dependerá de las circunstancias individuales de cada caso y puede ser permanente en aquellos casos en que se considere que la persona representa un riesgo para la seguridad.
Mecanismo de Monitoreo Independiente
Los eurodiputados apoyan el monitoreo independiente del respeto de los derechos fundamentales durante las operaciones de expulsión, también a través de mecanismos existentes relevantes.
Próximos Pasos
La decisión de entrar en negociaciones interinstitucionales deberá ser respaldada por todo el Parlamento antes de que puedan comenzar las negociaciones con el Consejo sobre la forma final de la ley.
Malik Azmani (Renew, Países Bajos), ponente, comentó tras la votación: “Hoy, el Comité de Libertades Civiles adoptó su posición. Como ponente, siempre ha sido mi objetivo lograr una regulación eficiente y aplicable de manera oportuna. Este resultado proporciona la base para los próximos pasos, y ahora avanzaremos hacia las negociaciones en trilogía.”
