El caso Forestalia afecta a la planta solar TAGUS, situada en un área de la Red Natura 2000
El exsubdirector general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), Eugenio Domínguez, fue arrestado en Madrid por la Guardia Civil en el marco del caso Forestalia. Domínguez figura como investigado en la causa abierta por la planta solar TAGUS, proyectada en la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) ‘Llanos de Alcántara y Brozas’, en la provincia de Cáceres.
Operación Perserte y detenciones en Madrid y Zaragoza
Domínguez fue detenido junto a otras cinco personas durante la denominada Operación Perserte, llevada a cabo por agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona de la Guardia Civil. Esta operación incluyó registros en Madrid y Zaragoza, así como en oficinas y domicilios privados.
Entre los arrestados, que todos han quedado en libertad, se encuentra el propietario del grupo Forestalia, Fernando Samper, un notario y dos testaferros relacionados con la trama. Los investigados son presuntamente responsables de delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según fuentes de la investigación.
La causa en Aragón se dirige desde la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Teruel y se instruye bajo secreto sumarial para evitar la destrucción de pruebas.
En el caso de la planta solar TAGUS, promovida por IBERENOVA PROMOCIONES SAU, filial de Iberdrola, Domínguez ya figuraba como investigado por presunta prevaricación administrativa. Esto, al dictar en 2023 una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable que habría incumplido normativas autonómicas, estatales y europeas.
Un megaproyecto en plena Red Natura 2000
La instalación, con una potencia de 379,97 MWp, se proyecta en plena Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional. Estos espacios, integrados en la Red Natura 2000, son hogar de especies protegidas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra y el lince ibérico.
La organización ecologista Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) fue la que presentó la denuncia que dio origen al procedimiento. Además, han subrayado que el informe emitido por la Fiscalía de Medio Ambiente respalda sus argumentos sobre el posible incumplimiento de la normativa de evaluación ambiental y de protección de hábitats.
Fondenex sostiene en su denuncia que la DIA dictada por MITECO “se apoyó en informes favorables emitidos por la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, pero incumplía de forma clara la legislación autonómica, española y europea”.
La organización afirma que la tramitación de la planta TAGUS vulnera la Directiva 92/43/CEE de Hábitats, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y la normativa de evaluación ambiental transfronteriza que “exige comunicar los proyectos al Gobierno de Portugal”.
Especies protegidas y normativa europea en el centro
El informe de la Fiscalía de Medio Ambiente, emitido a raíz de la denuncia de FONDENEX, concluyó que “la ubicación elegida no estaba justificada desde el punto de vista ambiental” y que el desarrollo de la instalación suponía una “transformación significativa del paisaje, con pérdida o deterioro de hábitats naturales, fragmentación del territorio y reducción de la conectividad ecológica”.
Según la Fiscalía, las aves son uno de los grupos más afectados por estos proyectos.
Tras dicho informe, el juez del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, José Luis Peinado, catalogó como investigados a Marta Gómez Palenque y a Eugenio Domínguez por presunta prevaricación administrativa al dictar una DIA que “favorecía al promotor a sabiendas de que incumplía la legislación vigente”.
FONDENEX ha anunciado que mantiene su personación en la causa y estudia la posibilidad de ampliar la denuncia contra “otros responsables políticos y técnicos que avalaron la tramitación de la DIA”. La organización ha enfatizado que el informe fiscal respalda sus argumentos sobre el incumplimiento de la normativa ambiental y la protección de especies en peligro.
La instalación proyectada tiene una capacidad cercana a los cuatrocientos megavatios. Se ubicaría dentro de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y de la Reserva de la Biosfera Internacional Tajo-Tejo, una zona transfronteriza.
Finalmente, la Fiscalía concluyó que la ubicación carecía de justificación ambiental suficiente, y que podría transformar significativamente el paisaje, dañar los hábitats naturales, fragmentar los ecosistemas y reducir la conectividad ecológica, afectando especialmente a las poblaciones de aves.
