Compromisos de los países frente al cambio climático y la reducción de emisiones de gases
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El pasado miércoles, el más alto Tribunal de la ONU emitió un dictamen histórico sobre el cambio climático, en el que esboza las responsabilidades de los Estados en virtud del Derecho internacional. Este ha sido el mayor caso jamás visto por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con más de 150 alegaciones de Estados, organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil, y más de 100 Estados y organizaciones internacionales participaron en las audiencias del pasado diciembre.
La CIJ es el más alto Tribunal del mundo, aunque su opinión consultiva de 133 páginas no es jurídicamente vinculante. Aunque no establece nuevas leyes internacionales, aclara las existentes y es probable que se cite en futuros litigios sobre el clima y en negociaciones de la ONU, como la COP30 de Brasil, a finales de este año. Los expertos creen que podría tener numerosas consecuencias para la acción climática mundial. Pero, ¿qué significan realmente las partes clave de la opinión consultiva de la CIJ?
Un medio ambiente sano es un derecho humano
La CIJ afirmó que un «medio ambiente limpio, sano y sostenible» es un derecho humano, similar al acceso al agua, los alimentos y la vivienda. En 2022, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que reconocía este derecho. La CIJ lo reafirmó, afirmando que un medio ambiente limpio, sano y sostenible es fundamental para el disfrute efectivo de todos los derechos humanos.
Esto implica que, dado que los Estados miembros son partes en numerosos tratados de derechos humanos, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos, están obligados a garantizar el disfrute de tales derechos abordando el cambio climático.
La prevención de los daños climáticos va más allá del Acuerdo de París
Durante las audiencias del caso, se acusó a los grandes emisores de tratar de ocultarse detrás del Acuerdo de París. Argumentaron que el acuerdo internacional sobre el clima es un marco suficiente que delimita las responsabilidades climáticas de los Estados.
Sin embargo, el Tribunal confirmó que el cambio climático amenaza los derechos humanos y afecta a múltiples ramas del derecho internacional, desde el derecho internacional de los derechos humanos hasta el derecho medioambiental y la Carta de la ONU, no solo el Acuerdo de París. Esto significa que cualquier obligación de prevenir daños al medio ambiente y proteger el clima se aplica a todos los Estados, sean o no partes de acuerdos climáticos específicos de la ONU. La CIJ también enfatizó la necesidad de ambición y responsabilidad, no solo de tener un plan.
Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) son planes climáticos nacionales que representan el compromiso de cada país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático. Son una parte fundamental del Acuerdo de París. El contenido de las CDN de cada país es tan relevante para saber si están cumpliendo sus obligaciones legales como el simple hecho de presentar una. Esto significa que cualquier plan debe ser ambicioso y estar en consonancia con la ciencia climática, reflejando la «mayor ambición posible» de un Estado, y debe ser «más exigente con el tiempo».
Los Estados que no actúen ante el riesgo de cambio climático están infringiendo la ley
El presidente del Tribunal, Iwasawa Yuji, declaró: «El hecho de que un Estado no tome las medidas adecuadas para proteger el sistema climático de las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) puede constituir un hecho internacionalmente ilícito imputable a ese Estado». Mencionó específicamente la producción y el consumo de combustibles fósiles, así como la concesión de subvenciones.
Esto significa que los países que no tomen medidas para proteger el planeta del cambio climático podrían estar violando el derecho internacional. Si los Gobiernos y los parlamentos no frenan la producción y el consumo de combustibles fósiles, no aprueban proyectos relacionados y no destinan dinero público a dichos combustibles, podríamos estar ante un incumplimiento del derecho internacional.
El Tribunal también indicó que los países están obligados por el derecho internacional a regular el impacto climático de las empresas y compañías dentro de su jurisdicción, incluidas las empresas de combustibles fósiles.
Los Estados perjudicados por el cambio climático tienen derecho a exigir reparaciones
La CIJ afirmó que las consecuencias jurídicas de los daños climáticos incluyen la restitución, la compensación y las garantías de no repetición. Esto implica que se puede exigir a los Estados responsables de emisiones ilícitas que pongan fin a las acciones perjudiciales, restauren infraestructuras o ecosistemas dañados, o compensen económicamente las pérdidas sufridas.
La sentencia allana el camino para que las naciones vulnerables reclamen reparaciones a los emisores históricos por los daños sufridos a causa de los impactos climáticos, como condiciones meteorológicas extremas. En otras palabras, podrían demandar a las naciones con altas emisiones, incluso por emisiones pasadas.
«Si los Estados tienen la obligación legal de prevenir los daños climáticos, las víctimas de esos daños tienen derecho a reparación», explica Sebastien Duyck, abogado del Centro de Derecho Ambiental Internacional. «De este modo, la opinión consultiva de la CIJ no solo aclara las normas existentes, sino que crea un impulso jurídico, remodelando lo que se considera jurídicamente posible, recurrible y, en última instancia, exigible».
La opinión de la CIJ podría afectar a casos climáticos actuales y a futuros acuerdos
El dictamen de la CIJ abre la puerta a otras acciones legales, que van desde que los Estados retornen a la CIJ para exigir responsabilidades mutuamente hasta demandas nacionales.
«Esta nueva claridad proporcionará a los jueces una orientación definitiva que probablemente determinará los casos climáticos en las próximas décadas», afirma Lea Main-Klingst, abogada de ClientEarth. «Y fuera de los tribunales, este resultado es una poderosa herramienta de defensa. Todos y cada uno de nosotros podemos usar esta decisión para exigir a nuestros Gobiernos y parlamentos que tomen medidas más ambiciosas sobre el cambio climático, cumpliendo así tanto con el Acuerdo de París como con otras leyes internacionales aplicables». Esto incluirá el periodo previo y durante las próximas negociaciones en la COP30, donde la opinión consultiva de la CIJ podría ser utilizada como palanca.
