Cómo se determina el precio de los medicamentos en España y la mirada de Trump hacia Europa
MADRID, 22 de enero de 2026 – Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los países europeos si no pagan más por los medicamentos de las farmacéuticas estadounidenses han vuelto a poner en el foco una cuestión clave para los sistemas sanitarios: cómo se fija el precio de los fármacos y por qué existen tantas diferencias entre países.
Así, mientras Trump acusa a Europa de beneficiarse de precios «demasiado bajos» a costa del consumidor estadounidense, en España el debate gira en torno a un delicado equilibrio entre acceso, sostenibilidad y garantía de suministro. España se sitúa, según los principales indicadores internacionales, entre los países europeos con precios más bajos de medicamentos, especialmente en el caso de los genéricos y de los medicamentos maduros. Tal y como reconoce Elena Jiménez, secretaria general de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), en una entrevista con Salud Infosalus, un precio bajo no siempre equivale a un sistema más eficiente. «El verdadero reto es encontrar un equilibrio entre precios accesibles, sostenibilidad económica y garantía de suministro para los pacientes», subraya Jiménez.
Las declaraciones de Trump introducen un nuevo elemento de presión internacional. Su argumento es que los precios regulados en Europa obligan a las farmacéuticas a compensar con precios más altos en Estados Unidos. Sin embargo, desde el punto de vista europeo, el sistema busca proteger a los pacientes y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público.
En España, la fijación de precios es, en última instancia, una herramienta de política sanitaria, que intenta conjugar innovación y acceso universal, y que ahora se enfrenta no solo a sus desafíos internos, sino también a un escenario geopolítico cada vez más tenso.
¿Quién fija el precio de los medicamentos: el papel de la CIPM?
En España, el precio de los medicamentos financiados no es libre. Tras demostrar su seguridad y eficacia, es la Administración la que decide si un fármaco entra o no en la financiación pública y a qué precio. El órgano clave en este proceso es la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), adscrita a la Secretaría General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García.
«Ese precio se fija teniendo en cuenta el valor terapéutico que aporta y el impacto que tendrá para el sistema sanitario, entre otros criterios. El objetivo es garantizar que los medicamentos lleguen a los pacientes de forma equitativa y que el sistema sea sostenible en el tiempo», añade la experta de FEFE.
La CIPM está integrada por representantes de varios ministerios -Sanidad, Hacienda, Industria y Economía- y por las comunidades autónomas, según detalla el Ministerio de Sanidad. El procedimiento se inicia con la autorización de un medicamento y la presentación por parte de la compañía farmacéutica de una solicitud para incluir un medicamento en la financiación pública o para fijar/modificar su precio, acompañada de documentación clínica, económica y de valor terapéutico.
Las decisiones de la CIPM se toman de forma colegiada (decisión conjunta de los miembros) y se apoyan en informes técnicos elaborados previamente por unidades especializadas del Ministerio de Sanidad, que analizan la evidencia clínica, la eficacia, la seguridad y el impacto presupuestario de cada medicamento.
Tras deliberación, la Comisión hace una propuesta, y es el Ministerio el que emite un acuerdo motivado, que puede aprobar la financiación pública y fijar un precio máximo, rechazar la financiación o, en su caso, establecer condiciones específicas, revisiones o medidas de financiación selectiva.
Una vez adoptado, el acuerdo se incorpora al Nomenclátor del SNS (lista oficial de presentaciones financiadas), con las condiciones establecidas de financiación y de precio.
Qué criterios pesan en la decisión
La fijación del precio se basa en la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Entre los criterios que destacan están:
- Valor terapéutico y beneficio clínico del medicamento.
- Gravedad y duración de la enfermedad que trata.
- Necesidades específicas de determinados colectivos de pacientes.
- Impacto presupuestario y racionalización del gasto público.
- Existencia de alternativas terapéuticas y comparación de costes.
- Grado de innovación del medicamento.
- Coste-efectividad o eficiencia del gasto en salud.
«No se paga solo por el medicamento, sino por el valor real que aporta en términos de salud», explica Jiménez de FEFE. «El equilibrio está en garantizar el acceso a los tratamientos sin comprometer la sostenibilidad del sistema», apostilla.
No todos los medicamentos se valoran igual
Esta experta señala que, aunque el marco general es el mismo, no todos los medicamentos se valoran igual: «Los medicamentos con muchas alternativas, como los genéricos, tienen precios más ajustados mediante sistemas de referencia. En cambio, los medicamentos innovadores se analizan caso por caso, valorando especialmente el beneficio clínico que aportan y su impacto presupuestario».
A juicio de Elena Jiménez, es importante entender que el precio no puede analizarse de forma aislada. En el contexto actual, con tensiones en las cadenas de suministro y aumento de costes, es fundamental que las políticas de precio garanticen no solo que el medicamento sea asequible, sino que esté disponible cuando el paciente lo necesita; el precio debe ir siempre ligado a acceso, calidad y seguridad.
Finalmente, Jiménez insiste en que, aunque desde FEFE no fijan los precios, sí defienden «un modelo que garantice el acceso al medicamento, la sostenibilidad del sistema sanitario y la continuidad del suministro». Desde hace unos años, se han publicado informes públicos con las decisiones de financiación positivas y sus motivaciones para mejorar la transparencia del proceso.
