Científicos advierten en Science sobre el mal uso de la ciencia para atrapar aves en España
Una carta encabezada por Juan José Negro, de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), ha sido firmada por 20 investigadores del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (CSIC-Universidad de Castilla-La Mancha), así como por la Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC), el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), la Universidad de Huelva, el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, la Sociedad Científica Aranzadi y diversas asociaciones ecologistas.
“Lo que denunciamos en Science no es un debate cultural ni social, sino un problema estrictamente científico. Utilizar proyectos mal definidos, sin transparencia ni supervisión independiente, donde los técnicos de campo son las mismas personas que cazan estas aves y cuyo objetivo es evaluar una hipotética re-autorización de esta práctica prohibida de caza, supone un conflicto de intereses incompatible con la ciencia. Eso no es investigación, es una utilización instrumental de la Ciencia”, reclaman los firmantes.
Permisos de “anillamiento científico” sin control ni rigor
España está obligada a cumplir la Directiva de Aves de la Unión Europea, que prohíbe estrictamente la captura y tenencia de aves silvestres, salvo en circunstancias científicas muy limitadas y rigurosamente justificadas.
La captura de siete especies de fringílidos fue suspendida en todo el país en 2018, tras años de conflictos con federaciones de caza que defendían esta práctica como un derecho tradicional. Antes de su suspensión, alrededor de 1.700.000 aves fueron capturadas legalmente entre 2013 y 2018, lo que da una idea de la magnitud del impacto.
Según se expone en la carta, de forma preocupante, la captura ha reaparecido en estas dos comunidades autónomas bajo la apariencia de investigación científica.
El texto detalla que la Comunidad de Madrid autorizó a partir de 2018, y posteriormente Andalucía a partir de 2024, permisos denominados de “anillamiento científico” para cazadores, con validez anual y aplicables incluso dentro de espacios protegidos.
Estas autorizaciones se han canalizado a través de programas como SEFRICAM en Madrid y el “programa de seguimiento de fringílidos” en Andalucía, que conceden permisos a silvestristas federados de caza, quienes utilizan reclamos vivos en jaulas de muy pequeñas dimensiones e incluso atadas a varillas móviles para atraer a las aves silvestres.
El objetivo declarado de estos proyectos, de evaluar si las poblaciones podrían sostener en el futuro una captura sostenible por las mismas personas voluntarias, genera un conflicto de intereses inherente, incompatible con una práctica científica creíble y con los objetivos de conservación.
Conflictos de intereses incompatibles con la investigación científica
La publicación de esta carta coincide con la reciente designación del jilguero europeo como Ave del Año 2026, una de las especies históricamente más afectadas por el silvestrismo.
La carta subraya que este enfoque no puede equipararse a la investigación ornitológica legítima, que en Europa está sujeta a protocolos estandarizados, revisión ética estricta y supervisión independiente, a través de los esquemas nacionales de anillamiento coordinados por EURING.
Por el contrario, las iniciativas de Madrid y Andalucía no cumplen requisitos científicos ni éticos esenciales, carecen de transparencia metodológica, de supervisión independiente y de sistemas abiertos de reporte de datos, elementos fundamentales de una ciencia reproducible y fiable.
Estas dos comunidades autónomas rompen los consensos acordados por todas las comunidades autónomas de España.
Ecologistas destacan la dimensión de gobernanza del problema: “Europa y España ya cuentan con un sistema sólido y consensuado de anillamiento científico, basado en protocolos comunes acordados por todas las comunidades autónomas y coordinados a escala europea. Saltarse esos mecanismos y crear vías paralelas pone en riesgo décadas de trabajo riguroso, cooperativo y transparente. La conservación y la ciencia no pueden depender de atajos ni de excepciones interesadas”.
El jilguero, Ave del Año 2026, en el centro de la denuncia
En su escrito, los científicos reclaman que las autoridades garanticen que toda actividad que implique la captura de fauna silvestre se ajuste a estándares internacionales de investigación, con revisión por pares, supervisión ética y permisos restringidos a anilladores y expertos acreditados, para asegurar que la ciencia y la política de conservación no sean utilizadas como encubrimiento de prácticas prohibidas por la normativa europea.
