Chile se retira del Acuerdo de Escazú, que resguarda a los defensores ambientales
El Acuerdo de Escazú, gestado en la ciudad homónima de Costa Rica el 4 de marzo de 2018, se erige como el primer pacto regional ambiental de América Latina y el Caribe. Además, es singular en el mundo por incluir disposiciones específicas para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Sin embargo, en Chile, un país que ha adoptado este acuerdo y se comprometió en 2023 a poner en práctica sus medidas y directrices, las acciones aún no son suficientes. Según una ONG nacional, el Gobierno solamente ha implementado un 15 % de las acciones requeridas.
Chile y el Acuerdo de Escazú
A más de tres años de la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, el Gobierno progresista del presidente Gabriel Boric ha logrado apenas un 15 % de avance en la implementación de medidas clave para el reconocimiento y la protección de los defensores medioambientales. Así lo indicó la ONG Escazú Ahora, que denuncia que este incumplimiento no solo refleja una falta de voluntad política, sino también una grave negligencia frente a una crisis que exige acción inmediata. En su ‘Informe de Análisis de Implementación’, la organización evalúa el grado de aplicación en el país del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, planteando que este tratado es el primero en el ámbito ambiental de América Latina y el único en el mundo que busca proteger a los activistas medioambientales.
El informe revela que, de los diez compromisos establecidos en el artículo 9 del tratado, solamente uno, relacionado con la creación de un protocolo de protección para defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, ha sido completado en su totalidad.
“Si bien el instrumento no previene ataques, amenazas o intimidaciones ni establece medidas de protección específicas, se considera el esfuerzo más cercano a un intento de cumplimiento de este objetivo”, expone la organización. Del resto de las medidas, únicamente dos—el proyecto de ley que protege a los defensores de derechos humanos y los cursos de capacitación para funcionarios públicos—cuentan con un diseño o cronograma de trabajo que anticipa su futura implementación.
Desconexión entre compromisos y realidad
Escazú Ahora concluye que el análisis realizado evidencia “una alarmante desconexión entre las promesas del Gobierno y la realidad de su cumplimiento en la implementación del Acuerdo de Escazú”. El presidente Boric firmó el Acuerdo en marzo de 2022, pocos días después de asumir el cargo, como una potente señal del compromiso ecologista que ha caracterizado su administración y su preocupación por la emergencia climática.
En noviembre de 2023, el primer ‘Informe de Análisis de Implementación’ reveló que el avance del Gobierno en la implementación del artículo 9 del tratado era nulo. Como resultado, todas las bancadas del Parlamento decidieron oficiar al Ejecutivo para solicitar respuestas concretas. Sin embargo, un año y medio después, el Gobierno “no ha entregado ninguna respuesta”, lamenta la organización, que reclama la “urgente necesidad de establecer medidas de control más efectivas que permitan garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado”. Para el colectivo, el año 2025, último año del Gobierno de Boric, “representa una oportunidad crítica para corregir el rumbo”.
El Acuerdo de Escazú, impulsado tras la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012 y ratificado por 24 países de América Latina y el Caribe, es un instrumento considerado uno de los más importantes en la región para evitar las amenazas y asesinatos de defensores de los derechos ambientales, como el caso de la hondureña Berta Cáceres. Latinoamérica es una de las regiones más vulnerables a los efectos de la crisis climática, a pesar de que solo contribuye con un 9 % de las emisiones globales, y actualmente es vista como la zona más peligrosa del mundo para los defensores ambientales, donde la impunidad reina.
Finalmente, el Acuerdo de Escazú emerge como un instrumento vinculante que se origina a partir de la Declaración sobre el Aplicación del Principio 10 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) de 2012. Este acuerdo reconoce que la mejor forma de abordar los problemas ambientales es a través de la participación de todas las personas. Chile deberá esforzarse más en implementarlo de manera real y tangible, con el fin de salvaguardar efectivamente a los defensores ambientales nacionales.
