Acuerdo en el Congreso para endurecer la multirreincidencia con el apoyo del PSOE, PP, PNV, Junts y
El Congreso ha aprobado este jueves, 12 de febrero, con los votos del PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN, la reforma penal impulsada por el partido de Carles Puigdemont. Esta modificación busca aumentar el castigo a la multirreincidencia, una de las exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez para desbloquear otras leyes.
La ley ha puesto en evidencia la fractura existente entre los dos partidos que conforman el Ejecutivo. Sumar ha rechazado la reforma enérgicamente, al igual que los socios de izquierda como Bildu, Podemos, BNG y Compromís. En cambio, ERC se ha abstenido en la votación a cambio de un incremento en la plantilla de jueces para Cataluña.
Durante el debate en el Pleno del Congreso, la diputada de Junts, Marta Madrenas, defendió que la norma «nace del territorio, no de los despachos» y que llega «muy tarde» tras «bloqueos y dilaciones». Según ella, con esta ley «se ataca la impunidad» y es «una buena regulación, eficaz, equilibrada y útil» para jueces, fiscales y policías.
Por su parte, Cuca Gamarra, del PP, criticó el «secuestro» de la ley durante tanto tiempo, argumentando que el «pequeño delito repetido ya no es pequeño cuando se reincide». Aseguró también que «reincidir en España ya no sale gratis» y que «el delito no puede ser rentable». «España se viene a trabajar y el que venga a delinquir, que se vaya a su país», subrayó.
En contraste, el socialista Francisco Aranda calificó de «muy peligroso» el discurso que equipara inmigración con delincuencia. Indicó que el Gobierno actúa «desde la óptica de un Gobierno de izquierdas», sin aferrarse al punitivismo.
El diputado de Vox, Juan José Aizcorbe, consideró la reforma «necesaria, pero no suficiente», celebrando que «la realidad acaba imponiéndose». «No estamos ante una abstracción jurídica; nos ocupa el delincuente habitual que entra y sale del juicio. España no puede ser su paraíso», afirmó.
Mikel Legarda, portavoz adjunto del PNV, también defendió la ley, señalando que busca dar respuesta a la multirreincidencia en hurtos y estafas, debido a que la normativa actual resulta «ineficaz» y genera la percepción de que «por una puerta entra y por otra sale».
SUMAR: «MANO DURA CON LOS DÉBILES, IMPUNIDAD CON LOS FUERTES»
El portavoz de Interior de Sumar, Enrique Santiago, centró sus críticas en el endurecimiento de penas para «delincuentes de poca monta», advirtiendo que «solo sirve para fortalecer a la ultraderecha». Podemos también ha calificado la reforma de «populismo punitivo».
En la misma línea, Jon Iñarritu, diputado de Bildu, argumentó que el aumento de penas es «el recurso típico del populismo penal cuando el Estado fracasa en la prevención» y que aplicada en delitos leves «no sirve para nada».
Pilar Vallugera, diputada de ERC, anunció su abstención tras el pacto con el Gobierno para ampliar la planta judicial con 180 nuevos jueces en Cataluña. Sin embargo, criticó que «la realidad no se cambia a golpe de Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Civil», y denunció una «Administración de justicia incapaz de dar respuesta en tiempo y forma».
CASI DOS AÑOS DE RECORRIDO
Junts registró esta proposición de ley, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en marzo de 2024. La propuesta fue admitida a trámite por el Pleno medio año después, tras meses en un cajón. En marzo de 2025 se presentaron enmiendas parciales, pero la reforma volvió a entrar en hibernación debido a las disconformidades de los socios a la izquierda del Gobierno.
La ruptura del diálogo con el Gobierno, anunciada por Junts, llevó al PSOE a acceder a reactivar la reforma. En apenas una semana, la Comisión de Justicia aprobó esta legislación, que ahora se enviará al Senado para su tramitación final.
La reforma penal impondrá una multa de uno a tres meses si el valor de lo sustraído no excede de 400 euros, aunque el castigo por hurto podría ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si hay circunstancias como condenas previas por tres delitos menos graves.
Se añadió un agravante para aumentar la pena: sustraer un móvil u otro dispositivo electrónico con datos personales, aunque no se aplicará a hurtos de móviles nuevos en tiendas.
Una enmienda pactada con PP, PSOE y PNV prevé el castigo por multirreincidencia en estafas, considerando el importe defraudado y el quebranto económico al perjudicado.
Adicionalmente, se permitirá imponer cautelarmente al delincuente «la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios u otras entidades locales».
Por último, mediante una enmienda acordada por PP, PNV y Junts, se estableció una pena de prisión de uno a cinco años por el ‘petaqueo’, que apoya a las narcolanchas al sancionar «la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte o suministro de combustibles líquidos», contraviniendo las leyes.
