Ábalos presenta una querella por la auditoría de Puente sobre los contratos de mascarillas
El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha presentado una querella por presuntos delitos de falsedad documental y falso testimonio de perito contra las personas que señala como «las autoras» de la auditoría encargada por su sucesor en el cargo, Óscar Puente, sobre la adjudicación de contratos de adquisición de material sanitario en plena pandemia, investigados en el ‘caso Koldo’.
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido presentada en los juzgados madrileños contra Belén Villar, actual directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, «a quien se le encarga y bajo cuya dirección se realiza la citada auditoría», así como contra la perito que la elaboró y firmó. Ábalos menciona que «sin perjuicio» de que la investigación que se abre pueda señalar otros responsables adicionales.
Según ha explicado el propio Ábalos en la red social X, la querella se refiere al «informe resultante de fecha 19 de agosto de 2024 en relación con los expedientes de adquisición y distribución de mascarillas en el año 2020 por parte del Ministerio de Transportes».
El ex ministro considera que esta auditoría «tuvo una trascendencia efectiva» en su imputación, detallando que el instructor del ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, citó este documento en la exposición razonada que envió al Tribunal Supremo para que le investigara por dichos hechos.
Y en su opinión, no fue causal, ya que la auditoría tenía «un propósito manifiesto: dirigir de forma deliberada la responsabilidad» hacia su persona. Ábalos afirma que «las conclusiones de la auditoría en cuestión sobre los contratos de mascarillas son deficientes, sesgadas e incompletas, y de forma preordenada manipuladas y tendencialmente orientadas a la imputación».
OBSERVA UN «EVIDENTE ÁNIMO DE INFLUIR» EN LA CAUSA
La querella parte de la premisa de que se trata de una investigación «ilegítima», ya que, según argumenta, «la ortodoxia procedimental señala que cualquier actuación administrativa queda paralizada por la actuación judicial». Por lo tanto, el ex ministro observa en la orden de elaborarla un «evidente ánimo de influir» en la causa.
Asimismo, denuncia que hubo «una pulsión de celeridad en su elaboración e inmediata puesta en conocimiento de la opinión pública en una inusual conducta que acredita que tal informe no pretendía tener eficacia en el ámbito interno al objeto de comprobar modos operativos de actuación y destino de las partidas», sino que tuvo una «evidente vocación de difusión pública».
Ábalos sostiene que se trata de un informe «falso» porque «pone en boca de los entrevistados lo que no han dicho y omite lo que sí dijeron», cuidándose de no documentar las entrevistas de forma garantista para que el contenido fuera contrastado, declinando grabarlas y sin someter su redacción a conformidad de los deponentes.
En particular, critica «la deliberada omisión del dato –cuadro– que se había elaborado por los funcionarios del Ministerio que ponderaba la necesidad de dotación de mascarillas para 15 o 30 días, extensión temporal que condicionó la secuencia del pago de 4.000.000 a 8.000.000 de euros al entender que la duración previsible de la situación hacía aconsejable su compra».
También destaca lo que considera «contradicciones» entre lo reflejado en la auditoría y lo declarado en sede judicial por responsables y altos cargos del Ministerio de Transportes y de Correos de aquella época. Ábalos incide en que estas supuestas «contradicciones» no pueden entenderse como «una mera diferencia de interpretación, sino como un indicio claro de que el informe ha incorporado datos inveraces, con una evidente manipulación o intención de inducir a error».
CUATRO AÑOS DESPUÉS
Denuncia, además, que «se orienta a cuestionar la legitimidad de las decisiones políticas tomadas en el año 2020, en vez de ceñirse estrictamente a lo que debieran haber sido las funciones administrativas reales de detectar los posibles errores administrativos para mejorar a futuro».
«El informe se vehiculiza y orienta de forma deliberada para posicionar las decisiones de compra en la más absoluta arbitrariedad al margen de los procedimientos», argumenta.
A esta crítica se suma que «se emite cuatro años después contradiciendo abiertamente todas las conclusiones del tribunal competente en materia de responsabilidad por alcance en la administración pública», el Tribunal de Cuentas, una actuación que, según Ábalos, solo se explica por «un criterio de oportunidad en un escenario político comprometido» por el estallido del ‘caso Koldo’.
Finalmente, en la red social, el que fuera secretario de Organización del PSOE también ha aludido al informe pericial encargado por su propia defensa para atacar la auditoría encargada por Puente, recordando que reveló «una serie de irregularidades».
