El juez investiga una supuesta conspiración para afectar casos del PSOE tras la pausa de Sánchez
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz investiga una presunta «trama» creada para «desestabilizar de forma sistemática y continuada» las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. Según el juez, el «punto de inflexión» fue el periodo de reflexión que se tomó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en abril de 2024, a raíz de la imputación de su esposa, Begoña Gómez.
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
En un auto al que ha tenido acceso, el juez atribuye un «papel superior» al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien «habría trabado una relación con Leire Díaz que le llevó a encargarle, según se infiere de sus comunicaciones, la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones».
Estas actuaciones, agrega Pedraz, son «penalmente relevantes», con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno, gravemente afectados por la apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros del partido o de la familia del presidente del Gobierno.
El magistrado señala que el 24 de abril de ese año, «pocos días después» de que el juez Juan Carlos Peinado abriera diligencias contra Gómez, Sánchez publicó su ‘Carta a la Ciudadanía’, en la que «se establecía a sí mismo un periodo de reflexión que finalizaría el 29, tras el cual tendría lugar un pronunciamiento sobre su decisión», que fue continuar al frente del Ejecutivo.
Según añade, «es precisamente en ese periodo de reflexión cuando por parte de Cerdán se señala una reunión en la sede que el PSOE posee en la calle Ferraz de Madrid» y que tuvo lugar el día 26.
A esa reunión, cuya convocatoria atribuye a Cerdán, asistieron el entonces dirigente, Díaz, el empresario Javier Pérez Dolset, el que era responsable de comunicación Ion Antolín y Juan Manuel Serrano. «Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente», transmitió Díaz a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según recoge el juez.
«Esta reunión se considera el punto de inflexión en lo que respecta a la actividad investigada», señala, añadiendo que, desde ese momento, el grupo de personas liderado por Cerdán y coordinado por Díaz, del que «además forman parte Pérez Dolset y Gaspar Zarrías», tiene como «objetivo último proteger los intereses en juego por estas causas que afectaban a este partido político y, directa o indirectamente, a miembros del Gobierno».
Pedraz expone que «existen serios indicios incriminatorios que evidencian que, a través de Cerdán, en ese momento secretario de Organización del partido, se habría soportado la actividad investigada, tanto desde su financiación como de diversas cuestiones de índole logística».
REMUNERACIONES A CAMBIO DE INFORMACIÓN
Además, pone el foco en «pagos sin revelar el ordenante de los mismos» a través de sociedades de los investigados y con «el presumible concierto de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes», también investigada y «quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Díaz».
El juez sospecha que la supuesta trama habría ofrecido «a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales» una serie de «remuneraciones a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos», con la «premisa» de «atacar la correcta dirección de las investigaciones».
Al respecto, pone como ejemplo las «sucesivas denuncias infundadas» contra la magistrada instructora de la causa en la que está acusado David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, la Fiscalía Anticorrupción, o la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Y señala que «se estableció como premisa atacar la correcta dirección de las investigaciones en causas judiciales por los magistrados instructores», donde Pedraz incluye a Peinado, añadiendo que, según Díaz, Cerdán se guiaba «por orden del one».
«Para ello, Díaz habría contado con el impulso y el soporte intelectual y/o financiero» de Cerdán, «que habría acordado remunerarla por tales servicios en la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido», señala.
El magistrado atribuye a Zarrías la prestación de su sociedad «como vehículo para dichos pagos» desde su asesoría, igual que el letrado Ismael Oliver habría hecho con sus «sociedades».
Según el auto, Cerdán y Díaz tenían una «relación previa», aludiendo a que ya formarían parte de otra presunta trama de irregularidades en contratos de la SEPI, donde aprovecharían «sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y obtener de ello rédito económico».
Pedraz, que ya investigaba a Díaz y Fernández en esa pieza del caso, señala que Cerdán también habría sido del grupo denominado ‘Hirurok’, «actuando junto al resto de integrantes y participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior».
Asimismo, menciona que intentaron que Díaz fuera nombrada jefa de Gabinete en la SEPI en una etapa posterior a Fernández para «recuperar el control» de la entidad. «Aunque tenga que ser yo la que hable con el súper jefe», habría dicho ella.
CERDÁN DISPUSO LA ESTRUCTURA DEL PSOE
Pedraz recoge palabras de Pérez Dolset y Díaz en una reunión con el fiscal Ignacio Stampa, donde el empresario expuso que, cuando «sale la imputación de Begoña Gómez, el presidente ya dijo que se limpie todo», añadiendo que Díaz «límpiese» y él «límpiese, sin límite».
«Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe», aseguró también Díaz, según anotaciones manuscritas localizadas por los investigadores. También afirmó, sobre la causa abierta al hermano de Sánchez, que el objetivo de la presunta trama era «destruir el procedimiento».
Añade que Díaz comentó a Fernández, en el marco de la comparecencia de Sánchez tras su reflexión, que «el presidente del Gobierno se está refiriendo a todo lo que estamos haciendo», lo que el juez entiende como una «alusión directa a la utilización de la información aportada por el grupo investigado», y que Serrano se dirigió a ella para decirle: «Mira el jefe cómo cita lo de los audios».
El instructor sostiene que esa actividad «la desarrollaron de forma coordinada, manteniendo unicidad de acción y dirección, personificada en este caso en la figura de Cerdán».
«Lo hacían además siguiendo una estrategia, algo que Díaz menciona en varias ocasiones, llegando a enunciar que ‘ya tenemos una estrategia, llevamos meses trabajando en ella’, añadiendo además que ‘está todo perfectamente coordinado'», agrega.
Por ello, concluye que sabían «claramente cuáles eran sus prioridades, señalando como la principal a ‘el presidente’, añadiendo que lo es dado que ‘sin eso no hay nada más'».
El magistrado considera que Cerdán ejercía un «rol superior» y que «habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos) de algunos de sus miembros».
