Puigdemont solicita al TC la suspensión de su orden de detención tras las conclusiones del
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, afirma que la solicitud de suspensión cautelar no solo es procedente, sino también un requerimiento jurídico necesario para garantizar la efectividad del recurso de amparo y prevenir algún tipo de lesión irreversible de los derechos fundamentales del recurrente. Boye destaca que los perjuicios que enfrenta Puigdemont no son meramente hipotéticos; ha visto, durante años, restringida su libertad de movimiento y su actividad institucional debido a órdenes de detención cuya validez ha sido anulada por la ley orgánica de amnistía, confirmada, a su vez, por el propio Tribunal Constitucional y el estándar europeo.
En este contexto, la defensa sostiene que una ley declarada constitucional no puede ser despojada de su eficacia práctica por la existencia de medidas penales restrictivas. Advierten que la fase cautelar no debe ser usada como un medio para reabrir un debate constitucional que se considera ya cerrado.
Boye califica el mantenimiento de la orden de detención como un «sacrificio desproporcionado e innecesario». Además, subraya que las conclusiones del abogado general del TJUE declaran que la ley de amnistía es completamente compatible con el Derecho de la Unión Europea, lo que refuerza su argumento de que su legitimidad no puede cuestionarse.
A lo largo de su escrito, repasó que las conclusiones del abogado general del TJUE fueron presentadas el pasado 13 de noviembre y aunque indica que algunas disposiciones de la ley de amnistía podrían ser incompatibles con el derecho comunitario, descarta que estas impliquen una «autoamnistía» o que interfieran con la legislación europea relacionada con la lucha contra el terrorismo o los intereses financieros de la Unión.
Según Boye, la afirmación de que la amnistía forma parte del «núcleo de competencias soberanas de los Estados miembros» refuerza su postura, ya que esto «excluye la posibilidad de que los tribunales nacionales utilicen dudas europeas como impedimento para su aplicación». Considera que esta declaratoria, junto a la afirmación de constitucionalidad de la ley de amnistía, elimina cualquier base jurídica que justifique la continuidad de una orden de detención durante el trámite del amparo.
Aunque las conclusiones no son vinculantes, el abogado de Puigdemont señala que poseen una «autoridad interpretativa indiscutible». Resalta que el abogado general ha declarado que la amnistía es una «competencia exclusiva de los Estados miembros» y que las decisiones respecto a su alcance y contenido están más allá del control del Derecho de la Unión. Esta afirmación tendría un impacto directo en las decisiones de este tipo de peticiones, al disipar las dudas sobre la validez europea de la norma.
Por tanto, sostiene que «la amnistía es efectiva desde su entrada en vigor y su aplicación no puede ser retrasada por motivos meramente procedimentales». Aseguró que no hay justificación jurídica razonable que sostenga la vigencia de órdenes de detención en un escenario donde tanto el Derecho nacional como el europeo validan la eficacia inmediata de la ley de amnistía.
