Productores ecológicos critican la nueva Ley Agraria de Baleares por carecer de una estrategia
El grupo ecologista GEN-GOB ha enviado un escrito a la Consejería de Agricultura para solicitar la retirada del anteproyecto de “Ley Agraria de Baleares”, que actualmente se encuentra en trámite de audiencia y exposición pública.
Según consideran, el Gobierno de las Islas Baleares «pretende dar el tiro de gracia al campesinado», convirtiéndola en objetivo de fondos de inversión y empresas turísticas para que pase a formar parte de «la sobredimensionada oferta turística de estas islas», lo que aumentaría la problemática de la dependencia del sector turístico y «considerando el campesinado como una actividad residual».
Los ecologistas creen que esta ley establece la sentencia de muerte del campesinado en las Islas, en vez de ser una norma que «defienda el sector y su incalculable aportación a la tierra en todos los sentidos». Para ellos, la norma que ahora está en tramitación «no se limita a dar la estocada de gracia al campesinado», convirtiéndolo en el nuevo objetivo de la especulación turística, «también condena los espacios naturales protegidos y pone en riesgo bienes y personas siempre al servicio de la especulación». «Se da valor a los intereses por encima de las vidas humanas», lamentan.
Los productores ecológicos reprochan la falta de estrategia de futuro a la nueva Ley Agraria. Paralelamente, asociaciones como Apaema, Apaem y Apaef, que agrupan a cerca de 500 operadores, han manifestado que la Ley Agraria que impulsa el Govern no plantea una estrategia de futuro para el sector.
Estas organizaciones defienden que la ley debería blindar el suelo agrario, frenar edificaciones e infraestructuras no vinculadas a la actividad productiva y establecer mecanismos de compensación para que cada metro cuadrado de tierra perdido se recupere en otro espacio cultivable. También han criticado que el texto no concreta medidas efectivas para afrontar la falta de relevo generacional, la profesionalización ni el acceso a la tierra, a pesar de reconocer esos problemas.
Por último, han pedido que el 50 % del impuesto de turismo sostenible (ITS) se destine a la agricultura como preservadora del territorio, han lamentado que la ley ignore estrategias de adaptación al cambio climático y han solicitado tener presencia formal en las mesas de representación y negociación de políticas públicas de la Conselleria.
FUENTE
