La UE deja de controlar chats, pero continúa con la supervisión de la actividad en línea
La Unión Europea lleva años debatiendo la introducción de un «control de chats» para combatir los abusos sexuales a menores. Esta medida, que obligaría a servicios de mensajería como WhatsApp, Signal o Threema a escanear automáticamente las comunicaciones privadas en busca de contenido delictivo, ha suscitado intensas críticas por su aparente incompatibilidad con la protección de datos.
Así, surge un complejo dilema: equilibrar la seguridad de los menores con el respeto al derecho fundamental a la privacidad. Recientemente, el Consejo Europeo ha presentado un proyecto revisado en el que la UE renuncia a imponer controles obligatorios. Sin embargo, esto no significa que se haya desechado completamente la iniciativa; los proveedores podrían aplicar controles de manera voluntaria, lo que el abogado Patrick Breyer califica de «consuelo peligroso», arriesgando la intimidad de los ciudadanos. Breyer insiste en que Alemania debe oponerse a cualquier forma de vigilancia masiva, sea obligatoria o voluntaria, argumentando que el Gobierno federal debe proteger activamente la comunicación cifrada y anónima.
Esta propuesta ha estado en discusión durante más de tres años. Su meta principal es frenar la difusión de material de abuso sexual infantil, aunque expertos en protección de datos y defensores de derechos civiles han señalado que podría vulnerar derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución alemana como en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
No mejoraría la protección de los menores, según una experta
La comunidad académica ha recibido con satisfacción el abandono del control obligatorio, aunque alerta sobre riesgos significativos que aún persisten. Carmela Troncoso, directora del Instituto Max Planck para la Seguridad y la Privacidad, declaró a ‘Euronews’ que la propuesta revisada sigue presentando problemas importantes.
Troncoso advirtió que cualquier forma de vigilancia limitaría libertades fundamentales sin ofrecer beneficios tangibles, ya que las tecnologías de detección actuales son imprecisas y pueden eludirse fácilmente, sin mejorar significativamente la protección de los menores.
Patrick Breyer es aún más tajante y considera que el enfoque voluntario resulta un «embalaje engañoso». Si bien reconoce que la sociedad civil ha logrado frenar la vigilancia obligatoria, denuncia que el modelo voluntario continúa representando «una amenaza masiva para nuestros derechos fundamentales».
El abogado advierte que las empresas tecnológicas, en su mayoría estadounidenses, decidirían sobre cómo examinar mensajes, fotos y vídeos privados mediante algoritmos susceptibles de error, lo que podría dar lugar a falsos positivos y a la creación de una infraestructura de vigilancia permanente. Meredith Whittaker, directora de Signal, incluso advirtió que la incorporación de controles obligatorios podría haber llevado a la retirada de la aplicación de la UE.
Breyer sostiene que el borrador sacrifica la privacidad de millones de ciudadanos sin aumentar la seguridad infantil. Troncoso añade que los escáneres voluntarios no serían significativamente más eficaces y, además, debilitarían la seguridad de los sistemas al introducir nuevas vulnerabilidades. Por ello, Troncoso y otros científicos han enviado una carta abierta al Consejo de la UE que alerta sobre los riesgos sociales del proyecto y la ausencia de beneficios claros para los menores.
El nuevo plan europeo establece que el escaneo voluntario se permitirá de forma transitoria. Se prevé que en abril de 2026 entre en vigor un sistema más amplio basado en análisis de riesgos, que incluirá medidas de protección voluntarias por parte de los proveedores y la creación de una nueva agencia de la UE encargada de gestionar informes, coordinar bases de datos y colaborar estrechamente con Europol y con las autoridades policiales de los Estados miembros.
Las plataformas deberán evaluar el riesgo de que sus servicios sean utilizados para difundir material de abuso o contactar con menores. Aquellas que presenten un riesgo elevado podrían verse obligadas a colaborar en el desarrollo de herramientas para mitigarlo. También podrían establecerse nuevas funciones estándar, como mecanismos de denuncia para usuarios y configuraciones de privacidad reforzadas para menores, mientras que las autoridades nacionales podrán ordenar la retirada o el bloqueo de contenidos.
El debate sobre el control del chat lleva años abierto. La propuesta original recibió el apoyo de países como Dinamarca, Francia, España e Italia, pero las preocupaciones sobre privacidad, cifrado y derechos fundamentales provocaron un aumento de la resistencia política y social. Esto obligó a Bruselas a buscar un compromiso que evitara la vigilancia masiva sin motivo.
Con la aprobación del proyecto revisado este miércoles, comienza ahora la fase de negociaciones a tres bandas entre el Consejo de la UE, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. El reglamento solo podrá entrar en vigor si las tres instituciones alcanzan un acuerdo final.
