La Fiscalía defiende que actuó de manera adecuada con el novio de Ayuso, recibiendo igual trato
En un juicio celebrado el 13 de noviembre de 2025, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha rechazado las acusaciones de que la Fiscalía actuara de forma «impropia» con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Durante sus declaraciones, remarcó que González Amador «ha recibido el mismo trato que recibe cualquier ciudadano» que es investigado por fraude fiscal.
Contexto del Juicio
Sánchez Conde ofreció su aclaración antes de presentar su informe final, en el que el caso gira en torno a acusaciones contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, por supuestamente haber filtrado información a la Cadena SER. Se argumenta que dicha filtración estaba relacionada con un correo enviado por la defensa de González Amador a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024, donde ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto que evitaría su ingreso en prisión.
Declaraciones de la Fiscal
La teniente fiscal enfatizó que «está fuera de toda duda» la actuación del Ministerio Fiscal, que tomó medidas desde la apertura de las diligencias preprocesales respecto a González Amador hasta la denuncia presentada ante los juzgados de Madrid. Según Sánchez Conde, la denuncia fue realizada sin que existiera conocimiento de la identidad de González Amador o de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Además, la fiscal subrayó que «el Ministerio Fiscal no ha tenido ninguna actuación impropia o improcedente», en el marco de este caso que ha captado la atención mediática y pública. La representación legal de González Amador está pidiendo hasta cuatro años de prisión para el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, lo que añade mayor complejidad al proceso judicial.
Implicaciones en el ámbito político
El caso ha suscitado un debate considerable en la esfera política, dado que implica a una figura cercana al liderazgo de la Comunidad de Madrid. Las repercusiones de este juicio podrían tener un efecto significativo en la percepción pública sobre la Fiscalía y su independencia, especialmente en el contexto de investigaciones que involucran a personalidades políticas de alto perfil.
Conclusión
El juicio continúa y se espera que más evidencias sean presentadas en las próximas audiencias. La situación ha generado incertidumbre y especulaciones sobre cómo afectará la relación entre la administración de justicia y los políticos implicados, en un momento donde la confianza pública en las instituciones se encuentra bajo el escrutinio.
