La Fiscalía andaluza abre diligencias sobre cribados de cáncer de mama y busca medidas de
GRANADA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) – La Fiscalía de la Comunidad de Andalucía, con sede en Granada, ha emitido un decreto este jueves para incoar diligencias tras haber recibido diversas denuncias relacionadas con defectos en la prestación sanitaria en relación con los cribados de cáncer de mama, que podrían corresponder a un «defectuoso funcionamiento» o aplicación del proceso asistencial integrado del cáncer de mama.
La Fiscalía ha remitido a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía copia de las denuncias presentadas hasta la fecha, solicitando información sobre los hechos, las «medidas adoptadas para la reparación del daño a las víctimas» y sobre la prevención de que hechos similares puedan ocurrir en el futuro, según se detalla en una nota de prensa emitida por la Fiscalía.
Las denuncias presentadas sobre este asunto proceden de la Asociación del Defensor del Paciente, que se han ampliado con varios casos particulares de afectadas, y también por Adelante Andalucía e IU-Convocatoria por Andalucía.
El Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía que actúe contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por «dejación de funciones». Según esta entidad, se ha producido una «clara dejación de funciones» que ha puesto, a su juicio, en «grave riesgo» a las mujeres que podrían agravarse, extenderse o perder al menos sus pechos debido a la acción negligente de la Junta de Andalucía.
En su petición a la Fiscalía, el Defensor del Paciente argumenta que «cuando se implementa un programa de detección o prevención, debe cumplirse sin excusas ni retrasos. El incumplimiento de estos programas solo genera sufrimiento y costos a la sanidad pública». La consejera ha reiterado su llamamiento a las mujeres que puedan estar en esta situación, independientemente del número, para que se pongan en contacto con el SAS y entren en ese circuito preferente una vez revisada su historia clínica.
Izquierda Unida también ha formalizado su denuncia por los «errores graves» en el programa de cribado de cáncer de mama en el sistema público de salud de Andalucía, considerando implicados a los tres últimos consejeros de Salud de la Junta: Rocío Hernández, que actualmente ocupa el cargo; Catalina García, ahora consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente; y Jesús Aguirre, actual presidente del Parlamento autonómico.
En la denuncia, fechada el 6 de octubre, se señala que los hechos acontecidos apuntan «indiciariamente a la comisión de múltiples delitos», tales como «homicidio imprudente en comisión por omisión», «lesiones imprudentes en comisión por omisión» y «omisión del deber de prestar servicios sanitarios».
Respecto a los supuestos «delitos», se indica que, debido a un «fallo sistémico en la gestión sanitaria», no se ha realizado el seguimiento adecuado en los casos catalogados como «no concluyentes» o «dudosos» en el programa de cribado de cáncer de mama.
La asociación de mujeres con cáncer de mama Amama y otras organizaciones han apuntado que la falta de diagnóstico precoz ha provocado que el «cáncer de mama evolucione y, en algunos casos, cause el fallecimiento de pacientes». Según se recoge, «la detección temprana es fundamental, ya que un diagnóstico a tiempo mejora drásticamente las tasas de supervivencia, permitiendo un tratamiento más efectivo, y el programa de cribado de cáncer de mama depende de la gestión de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía».
Asimismo, se expone que el programa de cribado de cáncer de mama depende de la gestión de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, por lo que cualquier «omisión o retraso en la revisión de resultados no concluyentes constituye una falta de diligencia en la gestión pública».
«De haberse producido el fallecimiento por cáncer de mama de alguna mujer que se haya sometido al cribado y haya recibido un resultado dudoso sin el seguimiento correspondiente, estaríamos ante un supuesto de homicidio imprudente, en los términos recogidos en el apartado 1 del artículo 142 del Código Penal, en combinación con el artículo 11, dado que concurre la acción por omisión y la relación de causalidad entre la inacción y el daño causado», se indica en la denuncia.
En cuanto al posible delito de «lesiones imprudentes en comisión por omisión», la denuncia recoge que esta omisión ha expuesto a las mujeres afectadas a un «riesgo grave para su salud, al retrasar la detección de posibles lesiones malignas que, de haberse diagnosticado a tiempo, podrían haberse tratado con procedimientos menos agresivos y con un mejor pronóstico».
Por su parte, Adelante Andalucía reclama la investigación de unos hechos que enmarca en «una conducta indiciariamente constitutiva» de tres tipos delictivos: lesiones por imprudencia grave, homicidios por imprudencia grave y dejación de funciones del servicio público, y subsidiariamente, en este último supuesto, se indica también la posible comisión del deber de prestar servicios sanitarios, conforme a los artículos 152, 142, 409 y 196 del Código Penal.
La denuncia de Adelante se dirige contra la actual consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández; su antecesora en el cargo y actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García; la viceconsejera de Salud, María Luisa del Moral; y la gerente del SAS, Valle García.
