La Corte Penal Internacional ratifica la negativa a la libertad provisional del exmandatario Duterte
La Corte Penal Internacional (CPI) ha confirmado la decisión de mantener bajo custodia a Rodrigo Roa Duterte, expresidente de Filipinas, rechazando su solicitud de libertad provisional. Esta determinación se produce en el contexto de los cargos que se le imputan, relacionados con presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos durante su controversial «guerra contra las drogas». La orden de detención fue emitida en marzo de 2023, y Duterte ha permanecido en custodia desde entonces en el Centro de Detención de la CPI, ubicado en La Haya, Países Bajos.
Rechazados todos los argumentos de la defensa
La Sala de Apelaciones de la CPI ha concluido que la defensa de Duterte no ha logrado demostrar errores en la valoración realizada previamente por el tribunal, el cual consideró que era necesaria la detención debido a los riesgos procesales que persistían, tales como la posibilidad de fuga, la obstrucción del proceso judicial o la reiteración de delitos. La jueza presidenta de Apelaciones, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, recalcó que las garantías ofrecidas por un Estado dispuesto a recibir a Duterte no fueron suficientes para mitigar estos riesgos. También se desestimaron argumentos humanitarios vinculados al estado de salud del exmandatario.
A pesar de los tres motivos de apelación presentados por la defensa, que incluían la incorrecta evaluación de los riesgos y la inadmisible desestimación de las garantías ofrecidas, la resolución de la Sala de Cuestiones Preliminares fue confirmada unánimemente, lo que mantiene a Duterte bajo custodia en La Haya.
La defensa de Duterte anuncia un nuevo recurso
Los abogados de Duterte afirman que el expresidente, de 80 años, enfrenta serios problemas de salud y que su condición se ha deteriorado desde su arresto. Aunque renunció a su derecho a estar presente durante la lectura del fallo, se prevé que la defensa volverá a presentar una solicitud de libertad basada en una próxima evaluación médica que se llevará a cabo en el mes que viene.
El abogado de Duterte, Nicholas Kaufman, expresó a la prensa en La Haya que “esperan los resultados de la evaluación médica” y que la defensa argumentará que un hombre de 80 años, con condiciones médicas debilitantes, no representa una amenaza real ni puede fugarse.
Duterte fue arrestado en marzo de 2023 tras la emisión de una orden de arresto de la CPI, inicialmente clasificada como secreta, pero que fue hecha pública posteriormente. Se enfrenta a acusaciones de asesinato y tentativa de asesinato como parte de una política de Estado que discutiblemente causó la muerte de miles de personas durante su mandato. Los crímenes por los que se le acusa se habrían cometido entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, durante su papel tanto como alcalde de Davao como presidente del país.
La audiencia de confirmación de cargos, que estaba planificada para septiembre, ha sido aplazada y no se ha definido una nueva fecha.
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