La CNMC abre un expediente sancionador a empresas que gestionan instalaciones de aviación ejecutiva
La investigación tuvo su origen en una información que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) remitió a la CNMC, que investiga posibles prácticas anticompetitivas que afectan al mercado de prestación de servicios aeroportuarios en tierra, específicamente en bases fijas de operaciones (FBO).
La CNMC ha iniciado un expediente sancionador contra varias empresas, incluyendo a Air Taxis Handling, S. L., Aviapartner Spain, S. A., General Aviation Services, S. L., Mallorcair, S. L., Sky Valet Spain, S. L. U., United Aviation Services, S. L. y Universal Aviation Spain, S. A., por supuestas conductas anticompetitivas bajo el número de expediente S/0014/25.
Las prácticas investigadas habrían consistido en acuerdos o prácticas concertadas de reparto de mercado, fijación de precios y otras condiciones comerciales, además del intercambio de información sensible en el mercado de provisión de servicios aeroportuarios para la aviación general. Esto incluye particularmente la explotación y gestión de instalaciones destinadas a la actividad de bases fijas de operaciones (FBO).
Se señala que, además, se habrían llevado a cabo acuerdos de no captación de empleados entre las empresas implicadas.
Investigación
El expediente se inició como consecuencia de información proporcionada por AENA. Según el artículo 150.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, AENA comunicó a la CNMC posibles prácticas anticompetitivas que afectarían a varias licitaciones para arrendar instalaciones de bases fijas (FBO).
Entre los días 28 a 30 de mayo de 2024, la CNMC realizó inspecciones en las sedes de General Aviation Services, S. L., Sky Valet Spain, S. L. U., United Aviation Services, S. L. y Universal Aviation Spain, S. A. Posteriormente, entre el 10 y el 13 de junio de 2025, las inspecciones continuaron en las sedes de Aviapartner Spain, S. A y Mallorcair, S. L.
Es importante mencionar que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se establece ahora un periodo máximo de 24 meses para su resolución.
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