La autoridad de consumo inicia un expediente sancionador a una importante promotora de festivales
MADRID, 20 (EUROPA PRESS). La Dirección General de Consumo, integrando el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha abierto un expediente sancionador a una gran promotora de festivales de música por posibles prácticas abusivas, como la prohibición del acceso al recinto con comida y bebida del exterior.
Este lunes, el departamento que dirige Pablo Bustinduy dio a conocer que la promotora es una empresa que organiza festivales en diversas comunidades autónomas, lo que permite la intervención de Consumo. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, informaron que la Dirección General de Consumo no revelará el nombre de la promotora mientras dure el procedimiento.
Prácticas consideradas abusivas
Entre las posibles prácticas abusivas que se investiga, el Ministerio ha destacado la prohibición «expresa y generalizada» de acceso al recinto del festival con comida y bebida del exterior. Esto se realiza supervisando a los asistentes y negando el derecho de acceso de forma «potencialmente arbitraria».
Además, existe la posibilidad de que la empresa impida que los asistentes a un festival puedan salir y volver a entrar al recinto de forma libre, obligándolos a pagar una cantidad adicional para ello.
El establecimiento de un sistema de pago obligatorio a través de pulseras cashless para realizar pagos dentro del recinto, sin aceptar devoluciones del sobrante por debajo de una cantidad mínima, junto con la imposición de gastos de gestión para llevar a cabo los reembolsos, son otras de las prácticas investigadas. También se está considerando la limitación temporal para que los asistentes puedan acceder a este reembolso.
Consecuencias legales y plazos
La Dirección General de Consumo señaló que estas prácticas, de confirmarse, serían consideradas abusivas, infringiendo el artículo 47.1.j del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. En caso de ser calificadas como infracciones muy graves, podrían ser penalizadas con multas que oscilan entre 100.001 euros y 1.000.000 euros.
Con la apertura del expediente sancionador, comienza ahora un periodo máximo de nueve meses para su instrucción y resolución por parte de los órganos competentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La iniciación del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.
