El Supremo solicita a la Eurocámara la suspensión de la inmunidad de ‘Alvise’ por financiación

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Julián Sánchez Melgar ha solicitado al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad del eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, para poder investigarle por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de su partido. Esta solicitud está relacionada con los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias ‘CryptoSpain’, con miras a las elecciones europeas de 2024.

El instructor tomó declaración voluntaria a ‘Alvise’ el pasado julio. En esa ocasión, ‘Alvise’ afirmó que Romillo le entregó ese dinero, pero no para la campaña electoral de SALF, mientras que el empresario sostuvo que sí fue con esa finalidad.

El Supremo tiene cuatro causas abiertas contra ‘Alvise’. Además de la mencionada, enfrenta otra por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; una por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal delegada para delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert; y una más reciente relacionada con el supuesto acoso a dos eurodiputados que concurrieron con SALF en esas elecciones y posteriormente se separaron del partido.

El magistrado Juan Ramón Berdugo, quien instruye la causa por el presunto acoso a la fiscal, ya solicitó un suplicatorio a la Eurocámara por ese caso. Ahora, Sánchez Melgar hace lo propio, dirigiéndose al Parlamento Europeo a través del presidente de la Sala Penal del TS, Andrés Martínez Arrieta, y de la presidenta del alto tribunal, Isabel Perelló.

EXPLICACIÓN «POCO VEROSÍMIL»

Sánchez Melgar explica en su resolución de este martes que las pesquisas se centran básicamente en una reunión en la que ‘Alvise’ habría solicitado dinero a Romillo «para financiar su partido político de forma oculta, sin constar en documentación alguna, ni reflejarse en su contabilidad». El empresario, por su parte, habría aceptado, a cambio de «influencias y contactos derivados de su actuación como parlamentario europeo».

«Estando ambos de acuerdo, convienen en que la entrega se hará por un tercero, comisionado de Romillo que le llevará una mochila con la cantidad de 100.000 euros», relata el Supremo, aunque precisa que los detalles «se fueron fraguando también mediante mensajería instantánea».

La entrega «se hizo de forma personal», de modo que el emisario de Romillo le entregó el dinero en una mochila, que ‘Alvise’ se llevó «a su casa sin ingresar tal cantidad, que iba en billetes de diversas clases».

El eurodiputado sostuvo que el dinero fue un pago por una charla que dio en el hipódromo de Madrid y que había utilizado la mitad en asuntos personales, aunque también reconoció «gastos y necesidades del partido político, como viajes o almuerzos».

Para Sánchez Melgar, esa explicación resulta «poco verosímil», sobre todo teniendo en cuenta que el análisis del contenido del teléfono móvil de Romillo «acredita, indiciariamente, todos los aludidos extremos». En concreto, señala que hay indicios de una «presunta financiación irregular», afectando a «la limpieza y transparencia electoral».

HECHOS ANTERIORES A QUE LOGRARA EL ESCAÑO

A su juicio, se trata de presuntos delitos electoral y de financiación ilegal y explica que no puede continuar la investigación sin obtener el suplicatorio de la Eurocámara, señalando que, hasta entonces, suspenderá las pesquisas «salvo aquellas actuaciones urgentes que no comprometan los derechos esenciales salvaguardados del eurodiputado investigado».

Para obtener el permiso del Parlamento Europeo, el instructor argumenta que «este procedimiento judicial no guarda relación alguna con las actividades desempeñadas por ‘Alvise’ en el ejercicio de sus obligaciones parlamentarias». Concluye que «los hechos imputados y los delitos considerados de aplicación se centran en su actuación previa a adquirir la condición de diputado del Parlamento Europeo».