El Ministerio de Trabajo se encuentra hoy con los sindicatos y empresarios para comenzar la reforma
Díaz y los sindicatos CCOO y UGT quieren que la indemnización por despido improcedente, ahora de 33 días por año trabajado, sea realmente disuasoria y repare el daño causado a los trabajadores.
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Trabajo ha convocado para este lunes, 20 de octubre, a las 9:30 horas a los agentes sociales para iniciar las negociaciones que llevarán a la reforma del despido en España. La reunión estará presidida por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, mano derecha de Yolanda Díaz y responsable de todas las mesas laborales de diálogo social que convoca el Ministerio.
La reforma del despido está recogida en el programa de gobierno de PSOE y Sumar y responde a la interpretación que ha hecho de la normativa española el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Este comité, con sede en Estrasburgo, ha condenado a España por «vulnerar» la Carta Social Europea en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente, considerándola insuficiente y no disuasoria para el empresario.
Concretamente, el CEDS emitió dos resoluciones, una en julio de 2024 y otra en junio de 2025, a raíz de las denuncias presentadas por UGT y CCOO, señalando que el derecho español no permite a los trabajadores reclamar una indemnización vinculada al daño real sufrido en caso de despido improcedente. Además, subraya que la indemnización debe ser «mínima, accesible y efectiva» para que tenga un efecto disuasorio.
En sus resoluciones, el CEDS estableció que los límites máximos de indemnización fijados por la legislación española «no son suficientemente elevados para reparar el perjuicio sufrido por la víctima en todos los casos y ser disuasorios para el empresario». El Comité concluyó por unanimidad que España viola el artículo 24.b de la Carta Social Europea sobre la indemnización por despido improcedente y la readmisión del trabajador, así como en lo que respecta a los trabajadores temporales contratados en fraude de ley.
El fallo del Supremo
Los sindicatos, animados por las resoluciones del CEDS y conscientes de que esta reforma forma parte del programa de gobierno, instaron a Díaz a convocar la mesa de negociación lo antes posible. Su objetivo es que la indemnización por despido sin causa sea realmente disuasoria y repare el daño causado al trabajador, considerando además sus circunstancias personales. La ministra anunció hace unos días que la negociación comenzaría este lunes, 20 de octubre.
Algunos tribunales de justicia, amparándose en el fallo del CEDS, elevaron la indemnización por despido improcedente en algunas sentencias. Sin embargo, el Tribunal Supremo dictó el pasado mes de julio una sentencia que establece que no se puede incrementar esta indemnización por vía judicial sin que ello suponga una vulneración del artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni del artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, donde solo se indica que la indemnización debe ser adecuada.
El Tribunal Supremo avaló, en un fallo de diciembre, que la indemnización por despido improcedente establecida en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores «no puede verse incrementada en vía judicial». Considera que la expresión derecho a una «indemnización adecuada» en la Carta Social Europea revisada es «literalmente inconcreta». Por ello, el Alto Tribunal sostiene que no se trata de mandatos directamente aplicables, sino de «declaraciones programáticas» que requieren una intervención legislativa para su concreción.
Además, el Supremo ha manifestado que la indemnización tasada de la legislación española «es una indemnización adecuada», resaltando que esta fórmula legal ofrece seguridad jurídica y uniformidad para todos los trabajadores, que son reparados de igual forma ante la pérdida de empleo. También, concluyó que las decisiones del CEDS «no son ejecutivas ni directamente aplicables entre particulares», a diferencia de lo que ocurre con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La reforma del despido genera inquietud entre la patronal CEOE. Su dirigente, Antonio Garamendi, ha criticado en las últimas semanas a la vicepresidenta segunda por su «monólogo social» y por tomar decisiones que, según él, responden a intereses políticos. Desde el Ministerio de Trabajo, Joaquín Pérez Rey ha recordado que «estar en una mesa de diálogo social no es solo para calentar la silla», instando a los participantes a proponer y alcanzar acuerdos en este proceso de negociación.
