El Gobierno solicita oficialmente a Madrid, Baleares y Aragón instaurar el registro de objetores

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el Gobierno ha realizado un
«requerimiento formal» a la Comunidad de Madrid, Aragón y Baleares por incumplir el
registro de objetores, una «herramienta esencial» que garantiza los derechos de los
profesionales sanitarios. A esta implantación están obligadas todas las comunidades autónomas
(CCAA), ya que «no es algo opcional ni una ocurrencia, es una obligación legal».

El Gobierno ha dado un mes a estas comunidades para responder al requerimiento o tomar medidas
para cumplir la ley, según lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, que exige realizar un requerimiento previo antes de acudir a los
tribunales. Durante este tiempo, las comunidades pueden justificar su situación, informar sobre
trámites en curso o corregir el incumplimiento.

«Después de este requerimiento, pasado un mes, tenemos dos meses de plazo para acudir a los
tribunales y plantear un Contencioso-Administrativo para que un juez les obligue a cumplir la
ley», ha recordado García. La ministra advirtió que «saltarse este procedimiento no solamente
vulnera los derechos de las mujeres, sino que también vulnera los derechos de los profesionales
que quieren ejercer de manera activa e individual su derecho a la objeción de conciencia».

En respuesta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha rechazado
crear un registro de médicos objetores de conciencia para practicar abortos, requerido por la
ley estatal de 2023, García le ha recomendado que «recoja cable» y «abandone su cruzada
contra las mujeres y contra los derechos conquistados por las mujeres».

Tal como ha explicado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la
inmensa mayoría de las comunidades ha cumplido con su obligación de implementar el registro o
se encuentra en la fase de trámite, salvo las comunidades de Madrid, Baleares y Aragón. «Son
tres comunidades que no han hecho nada, pero sólo la Comunidad de Madrid ha sido la que ha
sido explícita en su incumplimiento de la ley», ha señalado.

Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La
Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana e INGESA (en lo correspondiente a
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla) ya tienen el registro, conforme al acuerdo adoptado
por el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 16 de diciembre de
2024.

Además, se ha identificado que tanto Andalucía como Asturias se encuentran en fase de
tramitación, según la Dirección General de Ordenación Profesional, que ha llevado a cabo un
seguimiento de la implantación.

Por tanto, la ministra ha enviado este martes cartas al Consejero de Sanidad de Aragón, José
Luis Bancalero, a la Consejera de Sanidad del Gobierno balear, Manuela García, y a la
Consejera de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, con el requerimiento para que se proceda
a la creación del registro o se dé respuesta en el próximo mes.