El Gobierno se reunirá con las CCAA el lunes para establecer la estabilidad presupuestaria

Convocatoria del Gobierno al Consejo de Política Fiscal y Financiera

El Gobierno ha convocado para el próximo lunes, 17 de noviembre, al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar con las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.

Este órgano, del que forman parte los gobiernos central y autonómicos, debe emitir un informe previo a la aprobación de esa senda de estabilidad, la cual también debe ser considerada para la preparación de los presupuestos de cada una de las comunidades.

Así, tras la celebración el lunes a las 12:00 horas de la reunión con las comunidades autónomas, el Consejo de Ministros previsiblemente aprobará el martes el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, y los objetivos de estabilidad y de deuda pública para su remisión a las Cortes Generales.

De aprobarse la senda de estabilidad 2026-2028 por parte del Parlamento, el Consejo de Ministros podrá aprobar el proyecto de Presupuestos para su envío a las Cortes. El año pasado, el Gobierno llegó a presentar los objetivos relativos a los Presupuestos de 2024 en dos ocasiones, pero esas cuentas no se tramitaron debido al adelanto electoral de Cataluña. Además, las Cortes Generales tumbaron la senda para los Presupuestos de 2025, lo que impidió sacar adelante unas nuevas cuentas públicas.

Junts avisa: rechazo a la misma senda de estabilidad

En este contexto, el Gobierno deberá hacer frente a un complicado ámbito parlamentario tras la ruptura anunciada por Junts, que ha amenazado con bloquear todas las iniciativas del Gobierno e impedir la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Desde Junts han advertido que si plantean recuperar los mismos objetivos de estabilidad del año pasado —que ya votaron en contra—, volverán a rechazarlos. «Si presenta lo mismo va a tener el mismo voto que ha tenido el año pasado y esto es de pura lógica», señaló recientemente la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, quien también subrayó la necesidad de un mayor reparto entre las instituciones, como las comunidades autónomas.

En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha afirmado que «con nuevos Presupuestos o sin nuevos Presupuestos» seguirá avanzando y continuará con su «hoja de ruta» hasta agotar la legislatura en el año 2027.

AIREF considera que las comunidades autónomas no necesitan un objetivo mayor del 0,1%

Para fijar los objetivos de referencia para las comunidades autónomas, que se debatirán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cree que las administraciones regionales no requieren más margen respecto a la tasa de déficit que planteó Hacienda el año pasado y que finalmente no se aprobó (0,1% para 2026 y 2027).

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, quien participará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del lunes (sin derecho a voto), apuntó: «Con nuestras previsiones —que apuntan a un equilibrio presupuestario en 2026— y con la regla de gasto nacional, no parece que el conjunto del subsector necesite un objetivo mayor de déficit».

Los objetivos fijados para la Administración Central se sitúan en el 1,8% en 2026 y en el 1,5% en 2027, mientras que para los ayuntamientos y corporaciones locales se espera un equilibrio presupuestario (0%) en 2025 y 2026.

Reforma del sistema de financiación autonómica

De acuerdo con el orden del día de la reunión del Consejo de Política Fiscal, también está previsto abordar el «estado de situación de la reforma del sistema de financiación autonómica».

El Ministerio de Hacienda trabaja desde hace semanas en presentar a las comunidades una propuesta que reforme el sistema de financiación autonómica, garantizando que será «positivo» y «beneficioso» para todas las regiones. La intención es que el nuevo modelo pueda materializarse durante esta legislatura, como proclamó recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Después de aprobar en el Consejo de Ministros el anteproyecto para la condonación de la deuda, el Gobierno busca acometer la renovación del sistema de financiación autonómica, que lleva más de diez años caducado.

En paralelo, el Gobierno tiene pendiente materializar el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para aprobar una financiación singular para Cataluña, aunque aún no se ha específico cómo se canalizará este asunto.

Las comunidades autónomas del PP exigen vincular la deuda con la financiación

Las comunidades del PP han vinculado la condonación de la deuda planteada por el Gobierno central a la aprobación del sistema de financiación. Estas regiones consideran que la quita de deuda es un «parche» que no resuelve el problema fundamental, que es, a su juicio, la necesidad de renovar el modelo actual.

Por ello, las comunidades populares han instado al Gobierno a incluir el asunto de la financiación autonómica en reuniones como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o la propia Conferencia de Presidentes.

No obstante, la ministra Montero ha interpelado al PP para alcanzar un acuerdo que proteja la financiación autonómica, recordando que el nuevo modelo requerirá del apoyo de las Cortes Generales, además de contar con el beneplácito del Consejo de Política Fiscal.

Planteamiento anterior del Ministerio de Hacienda

Durante la legislatura pasada, el Ministerio de Hacienda envió a las comunidades autónomas de régimen común, Ceuta y Melilla, su propuesta para reformar el sistema basado en la población ajustada, atendiendo a variables exigidas por las regiones infrafinanciadas.

Tras ello, el Gobierno central otorgó un mes de plazo a las comunidades para presentar alegaciones a la propuesta, y desde entonces no se produjo ningún otro movimiento para reformar el sistema de financiación autonómica.

Luego hubo elecciones en diversas comunidades autónomas y a nivel general, lo que dejó esta propuesta en el tintero, a pesar de que varios presidentes trasladaron a Sánchez la urgencia de modificar el modelo y reclamaron un fondo compensatorio mientras se lleva a cabo la actualización del sistema.