El Gobierno propone aumentar el porcentaje de cesión del IRPF e IVA a las CCAA para inyectar
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó este viernes en rueda de prensa la propuesta del Gobierno para la reforma del nuevo modelo de financiación autonómica, un asunto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez comprometió al inicio de la legislatura. Según Montero, «el Ejecutivo asume su responsabilidad y entiende que no hay mejor manera de defender el Estado del Bienestar que reformulando un modelo de financiación que tiene ya 17 años».
El punto de partida se basa en la idea de diseñar un sistema que incremente los recursos autonómicos para blindar el Estado del bienestar, que refuerce la autonomía y la corresponsabilidad fiscal, que garantice la solidaridad interterritorial, que respete la singularidad territorial y que sea más transparente y sencillo. En conjunto, las comunidades autónomas contarán en el nuevo modelo con cerca de 21.000 millones de euros más que en el modelo vigente, aportando unos recursos de 224.507 millones de euros en 2027.
Reformula el cálculo de población ajustada
Para lograrlo, el Gobierno ha reformulado lo que se conoce como población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que influyen en el coste de prestación de los servicios y en las necesidades de financiación. Según el Ejecutivo, el nuevo modelo reduce las diferencias de financiación por habitante ajustado entre comunidades autónomas un 50 % respecto al modelo actual.
Esta nueva configuración toma en cuenta varios criterios, como la población padrón y la población protegida, ampliada a 20 grupos en lugar de siete. En cuanto al gasto educativo, se han introducido nuevos criterios que consideran el número de habitantes entre 18 y 24 años que están cursando estudios universitarios o formación profesional, así como el número de alumnos universitarios que se trasladan desde otras comunidades.
En el ámbito de servicios sociales, se desglosa en dos tramos: entre 65 y 79 años y los mayores de 80 años. Además, se incorpora un nuevo criterio con un peso del 1,5 % relacionado con el número de parados sin prestación social. Estos cambios apuntan a abarcar más elementos que impactan en el coste de la prestación de servicios, como la superficie, la dispersión, la insularidad y los costes fijos, considerando las dificultades de algunas comunidades autónomas para alcanzar economías de escala debido a su escasa población.
Caja compartida para que ingresos de IRPF lleguen de forma simultánea
En materia tributaria, se han incluido en la cesta de impuestos del sistema figuras como el impuesto de patrimonio, impuesto sobre depósitos bancarios, impuesto sobre actividades de juego y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero. «Antes, estas figuras tributarias eran también recaudadas, eran objeto de los recursos de las comunidades autónomas, pero no se encontraban en la cesta global del sistema», aclaró Montero.
Además, las comunidades autónomas que lo deseen podrán acogerse a un sistema de caja compartida donde los ingresos del IRPF llegarán de manera simultánea a las administraciones central y autonómica. Cada territorio comunicará su intención de participar en este sistema en la comisión mixta con el Estado por un periodo de cinco años. Se prevé también una negociación con las CCAA para que las liquidaciones se produzcan de manera más rápida, buscando una gestión en red del sistema impositivo entre la Agencia Tributaria y las haciendas autonómicas.
Al abordar la nivelación horizontal del sistema, se garantiza la solidaridad interterritorial, estableciendo que cada comunidad se nivela al 75 % respecto a la media de recursos por habitante ajustado. Las CCAA con capacidad tributaria por habitante ajustado por debajo de la media recibirán recursos, mientras que las que estén por encima serán aportadoras netas.
En cuanto a la nivelación vertical, el Estado aportará en esta fase 19.000 millones de euros al sistema, procedentes del rendimiento del IRPF y de transferencias adicionales, buscando reducir en dos tercios la distancia de cada comunidad respecto al territorio que presenta la mayor financiación por habitante.
Mecanismos de apoyo a las CCAA
Las CCAA también podrán solicitar recibir una parte de la recaudación del IVA generada por las pymes en su territorio. Asimismo, ante los desafíos de la crisis climática, se dotará al sistema de financiación de un fondo climático de unos 1.000 millones, repartido principalmente entre las autonomías del litoral mediterráneo.
Existirá un elemento de cierre para garantizar el statu quo, asegurando que ninguna comunidad, al inicio de la aplicación del sistema, recibirá menos recursos de los que habría obtenido con el modelo anterior. Este mecanismo se financiará con aportaciones de la Administración central, que dedicará unos 400 millones a tal fin, beneficiando especialmente a Cantabria y Extremadura.
El modelo propuesto establece que la financiación de las competencias no homogéneas pueda proceder de un mayor porcentaje de IVA cedido. Esta cesión adicional se fijará en el año base en función de las asignadas a cada comunidad autónoma. Se trata de un mecanismo opcional que refuerza la autonomía de las CCAA.
Por último, al margen del sistema, el Gobierno impulsará una reforma del Fondo de Compensación Interterritorial para garantizar una aportación adicional a las CCAA que se sitúan por debajo de la media en financiación por habitante, habilitando un tramo específico del Fondo que equivaldrá al diferencial respecto a la media por habitante, con una calculada aportación adicional de 3.300 millones de euros.
