El Gobierno pedirá en los tribunales el archivo de Franco para que todos puedan conocer la
MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) – El Gobierno va a instar a la Abogacía del Estado a la reclamación judicial del archivo del dictador Francisco Franco, que se encuentra en posesión de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), y que «pertenece a los españoles, a los investigadores, para que todo el mundo pueda documentar la represión». Así lo ha anunciado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una reciente entrevista a TVE.
El ministro explicó que este archivo, que se considera de dominio público, contiene aproximadamente 30.000 documentos. Urtasun detalló que ya se ha realizado un informe en el Ministerio de Cultura, que incluye un inventario del archivo del dictador, donde se confirma que estos documentos son de titularidad pública debido a su naturaleza administrativa.
Documentación del Archivo de Franco
El archivo cuenta con 27.620 documentos que están digitalizados o disponibles en su sitio web. Dentro de este fondo, se conservan cerca de 950 documentos de los años treinta, 8.500 de la década de los cuarenta, 9.500 de la década de los cincuenta, 5.700 de los años sesenta y 1.040 de los años setenta, además de unos 2.000 sin fecha fija.
Entre los tipos de documentación que alberga la FNFF se encuentran:
- Visitas de jefes de Estado extranjeros, como la del presidente estadounidense Eisenhower a Madrid en 1959 o la de María Eva Perón en 1947.
- Peticiones y adhesiones políticas de ciudadanos y diferentes instituciones públicas y privadas.
- Correspondencia con diferentes órganos administrativos, así como relaciones diplomáticas.
- Documentación sobre acontecimientos históricos relevantes, incluido la Segunda Guerra Mundial y el ingreso de España en las Naciones Unidas.
Días antes del cincuenta aniversario de la muerte de Francisco Franco, Urtasun anunció la intención de iniciar procedimientos para la extinción de otras cuatro fundaciones franquistas, que incluyen la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano.
Ilegalización de Fundaciones Franquistas
El procedimiento para la extinción de estas fundaciones seguirá el mismo camino que el ya iniciado con la FNFF el pasado 31 de octubre, «un paso decisivo». Este proceso actualmente se encuentra en fase de alegaciones, y se espera que en 2024 se inicien las actuaciones previas para estas fundaciones.
El pasado 31 de octubre, el Gobierno de España abrió el procedimiento previo para instar a la ilegalización de la FNFF ante la justicia y notificó a la fundación sobre este expediente.
Proceso para Ilegalizar la FNFF
El proceso para ilegalizar la FNFF comenzó en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura inició un periodo de actuaciones previas para recabar información y elementos de juicio que fundamenten la solicitud judicial de extinción de la fundación. La propuesta de resolución final será firmada por Urtasun, quien enviará el caso a los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil.
Se confía en que el caso llegue al juez «lo más rápido posible»; sin embargo, se estima que al menos pasarán nueve meses hasta que esto ocurra, dependiente de la estrategia de la fundación y la documentación presentada para defender sus intereses. Se asegura que el acuerdo de inicio para la ilegalización está «blindado» y que la evidencia presentada será coherente con lo que se encontrará en la corte.
Para las nuevas fundaciones franquistas, el procedimiento se desarrollará en tres fases: la petición de informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la apertura del procedimiento y la resolución final que será decisión de las autoridades judiciales.
