El 82 % de los españoles considera que la inteligencia artificial puede ser un peligro para la
Madrid (EFE).- El 82 % de la población española cree que la inteligencia artificial (IA) supone un riesgo para la sociedad debido a la desinformación y la pérdida de pensamiento crítico. Además, un 90 % considera que el Estado debería regularla, sobre todo en el ámbito cultural, «para evitar el control social promovido por las empresas tecnológicas».
Estos datos se extraen del Tercer Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita 2025-2026, promovido por el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro). Este informe revela un malestar generalizado en la ciudadanía, quienes opinan que la IA, sin regulación, «supone una amenaza directa para la cultura escrita».
El estudio fue presentado el pasado jueves por la presidenta de Cedro, Carmen Riera, y el director de la entidad, Jorge Corrales, quienes destacaron que la mayoría de los ciudadanos abogan por la protección institucional de los creadores. Así, el 83,7 % sostiene que respetar los derechos de autor es una buena práctica social y sienta las bases de una sociedad más justa.
El 55 % de la población ha usado IA en el último mes
A pesar de este temor, el estudio confirma una alta penetración de la IA generativa, sobre todo en relación a contenidos preexistentes. El 59,3 % de la población española ha utilizado «alguna vez» aplicaciones de IA generativa como ChatGPT o Gemini, y un 55 % lo ha hecho en el último mes, lo que indica una frecuencia de uso reciente y generalizada.
Adicionalmente, el 72,3 % de los encuestados usa dicha tecnología específicamente con contenidos ya existentes, especialmente textos de páginas web y libros educativos, lo cual tiene un impacto directo en el ecosistema editorial.
El riesgo de humanizar la IA
Según Jorge Corrales, director de Cedro, «se humaniza la IA para generar confianza, pero al hacerlo se diluye la responsabilidad de quienes la controlan». En su opinión, «no se trata de frenar la innovación, sino de darle dirección y sentido humano, asegurándonos de que el progreso tecnológico no se realice a costa de la precariedad de quienes crean».
El 63 % de los entrevistados considera que las empresas tecnológicas deberían contar con el permiso del autor y editor antes de utilizar contenidos para entrenar la IA. Por su parte, el 72 % percibe que el sector público prioriza los intereses tecnológicos sobre los del sector cultural. Por todo ello, un 88 % de la población española demanda una protección activa para autores y editores, y un 80 % se muestra crítico con el Estado, al que le atribuyen haber cedido ante los intereses de grandes tecnológicas a expensas de los derechos de los creadores.
La IA, una amenaza para las editoriales
Este malestar se traduce en una clara demanda de protección institucional que garantice la sostenibilidad del ecosistema editorial. La población en general teme que la falta de regulación derive en una «cultura impersonal, uniforme y deshumanizada». Por ello, según el estudio, la ciudadanía reclama una regulación clara que ofrezca protección real para autores y editores, convencida de que «la cultura escrita es la mejor defensa frente al exceso tecnológico».
Desde la perspectiva social, se establece que la responsabilidad de regular el impacto de la IA debe recaer en las administraciones públicas, especialmente en la Administración central. El 51,9 % de la población apunta al Gobierno (estatal, autonómico y local) como el principal responsable de liderar esta labor informativa sobre derechos de autor; un 30,7 % confía en federaciones, asociaciones y entidades de gestión cultural, mientras que el 17,4 % se dirige a editores y medios.
Los ministerios que la población considera deben asumir este liderazgo son Cultura, Educación y Transformación Digital.
Alto consenso sobre malas prácticas de la IA
Finalmente, los derechos de autor se presentan como pilares fundamentales para garantizar una sociedad justa, creativa y respetuosa con el trabajo intelectual. La ciudadanía muestra un alto consenso sobre lo que considera malas prácticas en el uso de contenidos editoriales. Las principales malas prácticas identificadas incluyen el plagio y publicar contenidos como propios (87,8 %), hacer copias sin remunerar (82,2 %), no pagar por el uso de clipping en prensa (81,3 %), y usar obras sin consentimiento para entrenar la IA (76,3 %).
