Daño cerebral estatal solicita al Congreso un código diagnóstico específico para daño cerebral
La presidenta de Daño Cerebral Estatal, Ana Cabellos, ha reclamado este lunes en el Congreso de los Diputados la creación de un código diagnóstico específico para el daño cerebral adquirido (DCA) en el momento del alta hospitalaria. Este llamado busca mejorar el seguimiento y la atención a los pacientes desde un primer momento, ya que actualmente este registro no existe en los sistemas sanitarios.
Cabellos ha subrayado la necesidad de «planificar políticas públicas eficaces que permitan dar una continuidad asistencial tras el alta, diseñar itinerarios de atención y activar recursos sanitarios, sociales y educativos desde un primer momento, desde ese alta hospitalaria». Estas palabras se dieron en el marco de una jornada celebrada por Daño Cerebral Estatal en la Cámara Baja, coincidiendo con el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido.
En este evento se ha presentado el estudio titulado ‘La realidad de la infradetección en la incidencia y prevalencia del daño cerebral adquirido’, que subraya la urgencia de crear un código diagnóstico para estos casos. «En la clasificación internacional de enfermedades, en su versión 10, no tenemos un código de daño cerebral adquirido, lo cual dificulta su detección», ha manifestado Jorge Palmero, técnico de investigación de la Consultora Andaira.
Según Palmero, la inexistencia de este código implica que «las personas no salen del hospital codificadas con daño cerebral adquirido, sino que aparecen con un ictus, con un traumatismo y con códigos de secuelas que pueden ser muchos. Por lo cual no hay una homogeneidad para detectar a las personas con esta discapacidad», ha añadido.
Un plan nacional
Cabellos ha explicado que el ictus es la principal causa de daño cerebral adquirido y la primera causa de discapacidad sobrevenida en el mundo desarrollado. «Es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda causa de muerte en general», ha añadido.
En España hay unos 120.000 nuevos casos anuales de ictus, y más de medio millón de personas conviven con daño cerebral adquirido, de los cuales un 40 % son menores de 65 años. «No contamos con muchos más datos oficiales», ha destacado.
La presidenta ha reclamado, además, una estrategia o plan nacional para la atención al DCA que coordine recursos, servicios y apoyos de forma integral, así como la elaboración de un censo estatal de personas con DCA que permita conocer las cifras reales que contemplen todas las causas. «Esta falta de un censo real impide dimensionar correctamente qué recursos son necesarios para nuestra atención y de qué tipo», ha puntualizado Cabellos, quien ha afirmado que se espera un aumento de la incidencia del ictus en un 35 % en los próximos 20 años.
Asimismo, ha pedido para el colectivo el acceso a una atención integral, inclusiva y universal que contemple a las familias y a la diversidad de realidades, como los menores con DCA infantil y las personas en situación de mayor vulnerabilidad. «Los pacientes no saben dónde dirigirse al salir del hospital y, cuando logran obtener información, hay escasez de recursos de rehabilitación especializada y asequible para la mayoría de las personas afectadas y sus familias», ha manifestado.
Grandes gastos económicos
En la segunda parte de la jornada se ha presentado un estudio sobre el impacto socioeconómico del daño cerebral adquirido en España, que abarcó una muestra de 438 personas con DCA. Este documento ha analizado los gastos directos e indirectos en diferentes fases: aguda, subaguda y crónica.
Javier González, consultor senior de la Consultora Andaira, ha señalado que en la fase subaguda se concentran la mayor parte de los gastos: «Hemos oído testimonios de personas que en dos meses en Madrid han gastado 50.000 euros en rehabilitación intensiva y alojamiento».
En la fase crónica, los gastos incontables incluyen ayudas a domicilio o asistencia personal una vez que la situación se ha estabilizado. «Es vital que se incorpore dentro de la Cartera de servicios públicos, tanto sociales como sanitarios, los apoyos necesarios para la rehabilitación», ha finalizado González. Estas medidas son imprescindibles para garantizar la atención adecuada y necesaria a las personas con daño cerebral adquirido en el país.
