Crisis ecológica y desigualdad: la sociedad civil demanda un modelo justo y sostenible
Según el documento analizado, los fenómenos meteorológicos extremos, las olas de calor o la pérdida de biodiversidad tienen consecuencias directas en la salud, la alimentación y los derechos fundamentales de millones de personas. Cada año, más de 20 millones se ven obligadas a abandonar sus hogares por causas ambientales, mientras el hambre y la pobreza aumentan en los países más empobrecidos.
Un modelo económico en crisis: planeta degradado y desigualdad creciente
Las organizaciones alertan que la emergencia climática y ecológica agrava las desigualdades existentes y afecta de forma desproporcionada a mujeres, niñas y colectivos en situación de vulnerabilidad social o climática. “Urge una transición ecológica justa que permita paliar la crisis ambiental y corregir las desigualdades sociales y de género, garantizando una vida digna para todas las personas”, subrayan las organizaciones.
Entre las principales propuestas, las entidades reclaman avanzar hacia una economía verde, local y circular que abandone el paradigma del crecimiento económico a cualquier precio. Defienden un sistema que reduzca la pobreza y las emisiones, promueva en el marco democrático la igualdad de género y proteja los recursos naturales.
Asimismo, piden una fiscalidad justa y sostenible que haga recaer el mayor esfuerzo en quienes más riqueza acumulan y que refuerce la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. El documento plantea además impulsar los empleos verdes, garantizar servicios públicos de calidad y reconocer el valor económico y social de los cuidados, claves para el bienestar colectivo y para el equilibrio territorial.
“La transición ecológica puede ser una oportunidad para generar empleo digno y reducir la desigualdad, pero debe hacerse con justicia y sin dejar a nadie atrás”, insisten las organizaciones firmantes.
El posicionamiento conjunto recuerda que la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció en 2022 el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano fundamental. Por ello, las entidades exigen que los derechos básicos (alimentación, vivienda, energía, educación o salud) estén garantizados para todas las personas, tanto en España como en el resto del mundo.
“El acceso a una vivienda digna y eficiente, a una alimentación saludable o a la energía limpia no puede ser un privilegio, sino un derecho”, recalcan. En este sentido, reclaman reforzar la cooperación internacional y actuar bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, ya que los países que más sufren las crisis son los que menos las provocan.
Educación, cooperación y alianzas: los pilares para un cambio estructural y sostenible
Asimismo, subrayan la importancia de la educación como herramienta de transformación social. Apostar por una educación pública, inclusiva y sostenible es clave para reducir desigualdades y promover valores de justicia social, igualdad y respeto ambiental.
“La educación para la transformación y la justicia global es esencial para promover un cambio de actitudes y valores. No habrá sostenibilidad sin una ciudadanía informada, crítica y comprometida”, señalan las organizaciones.
Las entidades firmantes coinciden en que se ha llegado a un punto de no retorno. Frente al modelo de crecimiento ilimitado, reclaman una nueva cultura de colaboración y esfuerzo compartido, basada en los cinco ejes de la Agenda 2030: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas.
“El Pacto Verde Europeo debe ser la hoja de ruta hacia la neutralidad climática, pero con un enfoque verdaderamente social”, insisten. Reclaman además que los compromisos internacionales se traduzcan en medidas reales y en financiación suficiente para hacerlos efectivos.
Por último, las organizaciones del Tercer Sector ambiental, social y de cooperación se comprometen a trabajar unidas para liderar la lucha por un futuro más justo y sostenible, colaborando con administraciones, empresas y ciudadanía.
“Ningún reto global podrá ser abordado desde soluciones individuales. Cuidar de las personas y del planeta no son caminos distintos, sino la misma tarea”, concluye el posicionamiento conjunto.
En el documento, las entidades firmantes instan a los gobiernos a garantizar los derechos fundamentales: vivienda, alimentación, energía limpia, educación y salud y a fortalecer la cooperación internacional bajo el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas.
La educación se describe como esencial para la transformación social y para evitar la desigualdad. Los grupos reafirman su compromiso de trabajar juntos por un futuro justo y sostenible, insistiendo en que proteger a las personas y al planeta es una tarea única y compartida.
