Controversia por la incineradora de Valdemingómez ante graves errores en su funcionamiento
El sindicato ha interpuesto un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular que revisa la autorización ambiental de la planta “Las Lomas”, ubicada en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, según indica en un comunicado.
El recurso desgrana incumplimientos normativos y operacionales «de máxima gravedad» respecto a fugas de gases tóxicos, almacenamiento ilegal de residuos y mala operatividad de la infraestructura y equipamiento debido a «su mal estado, su antigüedad y la mala praxis».
Entre las irregularidades «estructurales» que afectan «gravemente el medio ambiente y la salud de trabajadores y residentes cercanos», destaca la falta de ventilación del foso de residuos, ya que la empresa «ha sellado las ventanas de aspiración» del foso de combustible derivado de residuos (RDF), provocando acumulación de gases y olores.
Asimismo, la planta «supera continuamente» el límite legal de almacenamiento de residuos fijado en 72 horas, según CCOO, que aporta información sobre períodos de almacenamiento de 30 días (15 veces el máximo legal), incrementando la generación de lixiviados y gases.
Debido a la «suciedad, taponamientos y mala combustión en los hornos», gases altamente tóxicos (como CO, dioxinas y NOx) salen por grietas y orificios de los hornos, afectando directamente las áreas de trabajo del personal y siendo descargados a la atmósfera «sin tratamiento, a través de extractores manuales».
Respecto a las dioxinas y furanos, estas sustancias altamente cancerígenas «no se eliminan y son expulsadas al exterior» porque la temperatura de combustión «frecuentemente cae por debajo de los 850 grados obligatorios».
El sistema de inyección de carbón activo, usado para absorber dioxinas y furanos, no está conectado a los controles de valor límite, por lo que «no existe un control real sobre las dioxinas que se emiten».
Además, la nueva Autorización Ambiental (AAI) de 2025 «ignora el cambio radical del entorno de la planta». Desde la autorización previa otorgada en 2016, se han construido «más de 100.000 nuevas viviendas» en Valdecarros, Los Berrocales y otras áreas.
El sindicato reclama que se haga «un estudio epidemiológico de las poblaciones próximas y añadir estaciones de control de inmisiones, de los gases producidos por la incineradora», tildando de «inaceptable otorgar una licencia ambiental sin aplicar el principio de acción preventiva».
La alianza exige a la Consejería de Medio Ambiente que «reconsidere la licencia en base al alto riesgo» de las operaciones irregulares de la planta para la salud de los trabajadores y la población residente en el Sureste de Madrid.
Los colectivos sostienen que la incineración de residuos contradice los principios de la economía circular, que prioriza la reducción, reutilización y reciclaje de materiales frente a su destrucción. Por ello, reclaman al Ayuntamiento de Madrid que avance hacia modelos más sostenibles de gestión de residuos, como el compostaje, la recogida selectiva y la reutilización de materiales orgánicos.
Por su parte, el consistorio defiende que la planta cumple con la normativa vigente y que su actividad es necesaria para garantizar el tratamiento de los residuos urbanos que genera la capital. No obstante, las impugnaciones presentadas podrían retrasar o incluso paralizar la renovación de su autorización ambiental.
El conflicto de Valdemingómez reabre el debate sobre el modelo de gestión de residuos en Madrid y plantea una cuestión de fondo: ¿cómo conciliar la necesidad de tratar los desechos con la obligación de proteger la salud y el medio ambiente?
