Comunidad de Madrid critica a Sanidad por distorsionar el trabajo de cribado de las CCAA y no

MADRID, 20 de octubre (EUROPA PRESS) – La Comunidad de Madrid ha decidido no entregar al Ministerio de Sanidad los datos sobre los programas de cribado que realiza en relación con el cáncer de mama, colon y cérvix. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, argumenta que esta solicitud responde a una «estrategia de confrontación política y de distracción», y acusa al departamento dirigido por Mónica García de «manosear de forma maliciosa» el trabajo que llevan a cabo las distintas comunidades autónomas.

En una misiva enviada a la ministra, Matute ha recordado que los programas de cribado son «competencia exclusiva» de las comunidades autónomas, por lo que no existe una obligación «legal» o un «acuerdo formal adoptado en el Consejo Interterritorial» que le obligue a remitir esta información en los términos solicitados.

El Ministerio de Sanidad había solicitado a las comunidades autónomas datos sobre «todos» los programas de cribado con el fin de hacer un «seguimiento exhaustivo» del desarrollo de los mismos, tras haberse hecho públicos retrasos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. Matute considera que esta iniciativa, en vez de mejorar los programas, «parece responder únicamente a una estrategia de confrontación política y de distracción» ante las carencias de gestión del propio Ministerio.

La consejera critica que, en lugar de abordar cuestiones «urgentes» como la falta de profesionales o la memoria económica en proyectos del Ministerio, se dedique a «fiscalizar y manosear» el trabajo que realizan las comunidades autónomas en materia de cribados. En su misiva, Matute subraya que esta interpretación no aporta valor adicional alguno y genera inquietud en asociaciones de pacientes y entidades científicas, quienes ven en esta maniobra un riesgo para la credibilidad de programas preventivos que han demostrado ser efectivos y salvar vidas.

“Fines más políticos que técnicos”

Matute también ha censurado que el Ministerio pretenda que las comunidades autónomas «aceleren» sus trabajos para ofrecer esos datos, a pesar de que el propio Ministerio no ha completado «su propio trabajo ni validado técnicamente los instrumentos necesarios» para la verificación de los mismos. Esto, según Matute, responde a «fines que parecen más políticos que técnicos».

Asimismo, recordó que el Ministerio de Sanidad no cuenta con una red propia de cribados, ni con sistemas de información actualizados o indicadores de calidad asistencial que vayan más allá de los meros datos de cobertura y participación. No existe tampoco un documento oficial que regule el funcionamiento o la evaluación de estos programas, más allá de un documento técnico de consenso elaborado en el Consejo Interterritorial.

Es «especialmente significativo», según la consejera, que el Ministerio aún no haya terminado el desarrollo del sistema informático necesario para la recogida y carga de los datos solicitados a las comunidades autónomas, el cual está en proceso de revisión debido a dificultades técnicas manifestadas por varias comunidades. Matute argumenta que «el cálculo de los 22 indicadores» que se prevén en el documento depende del desarrollo de este sistema, que aún no está disponible ni operativo. Por lo tanto, considera que resulta improcedente requerir la remisión de la información solicitada en estos momentos.

Finalmente, Matute insiste en que los programas de cribado poblacional son competencia exclusiva de las comunidades autónomas y que su implementación, seguimiento y evaluación se han llevado a cabo con «plena autonomía, profesionalidad y éxito contrastado». Señala que todas las comunidades gobernadas por el PP tienen desde hace tiempo programas consolidados, respaldados por evidencia científica y con resultados igualados o superiores a los estándares europeos.

La consejería mantiene, como siempre, la máxima transparencia y colaboración institucional con el Ministerio y con las demás comunidades autónomas dentro del marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, enfatiza que la cooperación debe basarse en el respeto de las competencias y en objetivos reales de mejora asistencial, no en la utilización partidista de la salud pública.