El Tribunal Supremo extiende seis meses el caso Koldo debido al considerable material intervenido.
El 30 de julio de 2025, el Tribunal Supremo de España ha decidido prorrogar la investigación del ‘caso Koldo’ por otros seis meses. Esta decisión se debe al significativo volumen de material que fue intervenido durante las pesquisas, las cuales incluyen registros domiciliarios y escuchas telefónicas.
El magistrado y la investigación
El magistrado a cargo del caso, Leopoldo Puente, resaltó en un auto que se ha prorrogado hasta el 8 de marzo de 2026 la causa, que involucra a diversas figuras políticas de relevancia, como el exministro José Luis Ábalos, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y el asesor Koldo García, entre otros. Todos ellos están siendo investigados por presuntos amaños en los contratos de obras públicas.
Volumen de material recopilado
En su resolución, Puente evidenció que el análisis del material digital confiscado podría provocar la necesidad de nuevas diligencias de investigación. Los dispositivos, que contienen más de 10 terabytes de información, equivalen a 65 millones de páginas si se volcaran en formato escrito.
Nuevas diligencias y testimonios
El magistrado destacó que los resultados de varias declaraciones de testigos y periciales realizadas en las últimas semanas podrían también generar la necesidad de llevar a cabo nuevas actuaciones. En este sentido, se hace hincapié en la necesidad de recabar y analizar expedientes administrativos relacionados, al menos, con los procesos de licitación y adjudicación de las obras identificadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Información adicional de Hacienda y la Agencia Valenciana Antifraude
Recientemente, Puente ha recibido información de la Hacienda Foral de Navarra, detalla datos tributarios de Santos Cerdán, de Servinabar 2000, y de Joseba Antxón Alonso, vinculado a la misma empresa. Esta información será analizada por los investigadores, quienes deben proporcionar un informe al juez. Además, se han incorporado a la causa dos informes provenientes de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), que abordan presuntas irregularidades, incluyendo un sobrecoste de un millón de euros en una obra en Albal (Valencia).
La prolongación de este caso resalta la complejidad y la importancia de las investigaciones en torno a posibles vínculos entre la política y las irregularidades en contrataciones públicas.
