La ley ambiental andaluza suscita preocupación por la falta de protección de montes y

Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife han lanzado una fuerte crítica a la tramitación urgente de dos leyes en Andalucía: la Ley de Montes y la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM). Estas iniciativas, según estas organizaciones, suponen una regresión en las garantías ambientales de la comunidad.

Tramitación urgente sin debate público suficiente

Las organizaciones ecologistas han expresado su profunda preocupación por los peligros que podría conllevar para la protección del medio ambiente en Andalucía los contenidos de estos proyectos legislativos. Actualmente, ambos textos están en tramitación parlamentaria y fueron enviados a la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente para su tratamiento por el procedimiento de urgencia, tal como se detalla en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía del 14 de noviembre de 2025.

Esta forma de tramitación acelerada impide el necesario debate que debe preceder a la aprobación de normas de gran impacto territorial, ecológico y social.

Riesgo de desprotección del patrimonio forestal público

En particular, respecto a la Ley de Montes, preocupa que su redacción permita descatalogaciones, ocupaciones prolongadas y cambios en el uso del suelo que debilitarían la protección histórica del patrimonio forestal público y facilitarían procesos de privatización funcional. Estos cambios permitirían usos que no son compatibles con las funciones ecológicas del monte.

Además, la norma no incorpora las mejoras necesarias en relación con la prevención estructural de incendios, la restauración ecológica, la protección de bosques maduros o la conectividad ecológica —todos elementos clave en un escenario de creciente vulnerabilidad climática en los montes andaluces.

Evaluación ambiental más laxa y externalizada

En cuanto a la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM), las organizaciones advierten que algunos planteamientos implican una reducción drástica del alcance y rigor del sistema de control y prevención ambiental.

Tanto la denominada Autorización Ambiental Simplificada (AAS) como la ampliación de procedimientos abreviados suponen una disminución de las evaluaciones completas, abriendo la puerta a la externalización de funciones esenciales de control e inspección ambiental.

Estas modificaciones podrían comprometer la capacidad de la Administración para garantizar niveles adecuados de protección en ámbitos especialmente sensibles, como el agua y la biodiversidad. Además, se alejan de los principios de precaución y prevención exigidos por la normativa estatal y europea.

Igualmente, las organizaciones resaltan la necesidad de una integración adecuada entre la política ambiental y la gestión del agua, algo que falta en la nueva LEGAM. Esta integración es crucial para una comunidad autónoma como Andalucía, que enfrenta sequías estructurales y tiene la mayoría de sus masas de agua en estado deficiente o malo.

Montes municipales sin apoyo técnico ni financiero

Asimismo, se recuerda que muchos montes públicos andaluces son de titularidad municipal y, sin el apoyo técnico y financiero necesario, será complicado asegurar una gestión forestal efectiva a nivel local.

En conjunto, las propuestas normativas contribuirán a crear un escenario de preocupante desregulación y regresión del control ambiental, lo que se agravará por la tramitación acelerada de estas leyes complejas y de largo alcance.

Andalucía se enfrenta a desafíos ambientales significativos: incendios cada vez más severos, pérdida de biodiversidad, presión urbanística y los efectos del cambio climático que ya están transformando el territorio. Cualquier debilitamiento de las garantías ambientales representa un riesgo que la comunidad autónoma no puede permitirse.

Las organizaciones ecologistas enfatizan que la participación pública en el debate y tramitación de textos legislativos no puede ser un mero trámite, y expresan su disposición a colaborar con el Parlamento y el Gobierno andaluz para mejorar estas leyes.

Un contexto climático cada vez más extremo

Las organizaciones insisten en la necesidad de reforzar la protección de los montes públicos, consolidar un sistema de evaluación ambiental robusto e integrar plenamente las exigencias científicas y europeas en materia de biodiversidad, agua y clima.

Andalucía posee un patrimonio natural excepcional. Para conservarlo, restaurarlo y fortalecer su resiliencia frente a los desafíos presentes y futuros, es esencial que la actualización normativa se dirija a incrementar las garantías ambientales, en lugar de reducirlas, y que su tramitación refleje la relevancia y complejidad de las materias que regularán estas leyes.