Andalucía sugiere establecer una edad mínima para el acceso a redes sociales y prevenir acosos
Córdoba, (EFE). – El I Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, «Andalucía frente al Acoso», celebrado recientemente, ha concluido con importantes propuestas para abordar el acoso escolar y el ciberacoso. Entre las conclusiones se destaca la necesidad de establecer una edad mínima de acceso a las redes sociales y abrir un debate jurídico sobre la tipificación del acoso como delito.
La consejera de Desarrollo Educativo y FP de Andalucía, María del Carmen Castillo, presentó las conclusiones tras el congreso y se comprometió a impulsar una normativa que establezca una edad mínima de acceso a las redes sociales para niños y adolescentes, similar a la que ya existe en países como Australia. Castillo también abogó por iniciar un debate legal sobre la posibilidad de considerar el acoso escolar como delito.
En el ámbito educativo, se anunció una medida para reforzar las alertas en los protocolos existentes. Esto permitirá que las denuncias realizadas por familias o miembros de la comunidad educativa sean comunicadas en la primera instancia a la inspección educativa. El objetivo es mejorar el asesoramiento y seguimiento de cada caso, independientemente del resultado de las actuaciones en el ámbito escolar.
Nuevos retos
La Consejería de Educación se plantea también una modificación reglamentaria que estipule que la consecuencia para el acosador sea el cambio de centro educativo, con la finalidad de proteger la seguridad de la víctima y mejorar la convivencia escolar.
La consejera subrayó la importancia de adaptarse a los «ritmos en que se producen los cambios sociales en esta era digital, caracterizada por una transformación constante». Aunque Andalucía cuenta con un «sistema robusto» para la promoción de la convivencia y la salud mental de los jóvenes, la situación actual plantea desafíos que requieren de respuesta inmediata.
«El Gobierno andaluz ha decidido dar un paso al frente con la celebración de este Congreso Nacional para dar voz a la sociedad civil y liderar los cambios necesarios que aseguren el bienestar de nuestros niños, adolescentes y jóvenes», remarcó Castillo.
En este sentido, la consejera enfatizó que «la tecnología, en sí misma, no es un problema», destacando que los entornos educativos son uno de los espacios más seguros y supervisados. Sin embargo, reconoce que los retos se extienden más allá del ámbito educativo y afectan a toda la sociedad.
Se propone así integrar de manera más clara la convivencia y el bienestar emocional en la ordenación y evaluación educativa, así como avanzar en la reducción de la burocracia para facilitar respuestas más ágiles y eficaces ante situaciones de acoso.
Entorno seguro
Además, se considera fundamental «garantizar un entorno seguro para las víctimas una vez que ya se ha producido el acoso». Se prevé también «endurecer las consecuencias para los acosadores con un cambio de centro» para asegurar la protección de la víctima.
Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, destacó que el congreso es un «acierto» y que la lucha contra la violencia digital «implica a toda la sociedad». Subrayó la importancia de establecer espacios de trabajo conjunto para «buscar soluciones a un problema real» que puede tener consecuencias fatales.
Finalmente, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, enfatizó la necesidad de abordar el ciberacoso tanto desde la perspectiva de la víctima como del acosador. Este enfoque busca que el agresor comprenda las consecuencias de sus actos, el daño causado y así poder redirigir su comportamiento.
Como parte de estas iniciativas, se presentó una herramienta diseñada en el centro de menores de El Molino en Almería, donde los jóvenes que cumplen medidas judiciales recrean un juicio virtual por acoso escolar, con la finalidad de fomentar la conciencia sobre este problema.
