El reloj sigue avanzando hacia el gran parque eólico marino danés en Estados Unidos
La situación del parque eólico Revolution Wind ha desencadenado un intenso conflicto legal y político en Estados Unidos, centrado en las implicaciones de la energía renovable, la seguridad nacional y la economía. Para cualquier hogar en la zona, la operatividad de este parque se traduce en un acceso a electricidad más limpia y menos dependencia de combustibles fósiles como el gas y el carbón. Sin embargo, si el proyecto se paraliza, los resultados podrían ser devastadores: costos hundidos y mayor incertidumbre en las facturas energéticas.
De los parones por “seguridad nacional” al choque legal
La controversia comenzó en agosto de 2025, cuando la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica de Estados Unidos emitió una orden para detener las obras de Revolution Wind por motivos de seguridad nacional. Un juez federal en Washington, semanas después, consideró la decisión arbitraria y permitió la reanudación cautelar de los trabajos. Sin embargo, el 22 de diciembre de 2025, el Gobierno de Trump decidió suspender, durante al menos noventa días, los arrendamientos de cinco importantes parques eólicos marinos en construcción en la costa este, incluyendo Revolution Wind, bajo el mismo argumento de riesgos para la seguridad y la interferencia con actividades militares o científicas en el mar.
En la práctica, una suspensión del arrendamiento impide al promotor utilizar la zona marina asignada, a pesar de haber cumplido con todos los procesos de evaluación ambiental y permisos, como ocurrió con Revolution Wind, que recibió luz verde federal en 2023 tras años de análisis y consultas con el Pentágono.
El presidente Trump ha mostrado oposición al sector eólico, calificando en diversas ocasiones a los aerogeneradores de “feos” y como un “desastre” para la economía y el medio ambiente. Su administración se ha caracterizado por múltiples intentos de frenar tanto nuevos arrendamientos marinos como proyectos en construcción.
Lo que defiende Ørsted ante el juez
Frente a esta nueva ofensiva, Ørsted, la empresa detrás de Revolution Wind, decidió actuar. El 1 de enero, anunció que presentaría una demanda y solicitaría una orden de medidas cautelares en el Tribunal de Distrito de Columbia. En su comunicado, la compañía argumenta que la suspensión del arrendamiento viola el marco legal que regula los proyectos en la plataforma continental, ignorando años de trabajo técnico y administrativo, y causando un “daño sustancial” al proyecto.
Ørsted enfatiza que ha invertido y comprometido miles de millones de dólares, basándose en un proceso de revisión “exhaustivo” y en acuerdos formales con las autoridades de defensa. La paralización no solo pone en riesgo el retorno de la inversión, sino que también suma costos diarios por equipos y barcos especializados varados en puerto y amenaza el empleo de más de mil trabajadores de sindicatos locales. Las estimaciones judiciales han calculado pérdidas de aproximadamente 2.000.000 dólares diarios por la interrupción de las actividades.
Pocos días después, un juez federal concedió una nueva medida cautelar que permite a Revolution Wind reanudar la construcción mientras continúa el litigio sobre la legalidad de la suspensión del arrendamiento. Aunque representa una victoria parcial, el tiempo sigue corriendo tanto para los aspectos legales como económicos del proyecto.
Qué está realmente en juego
Más allá del choque político, esta disputa envía un mensaje a todo el sector de las energías renovables marinas. Si un proyecto casi terminado, con todos los permisos y acuerdos de mitigación firmados, puede ser bloqueado de un día para otro, los inversores percibirán una inseguridad regulatoria que podría derivar en proyectos más costosos o incluso en su cancelación directa.
Para los ciudadanos de la costa este, aunque la discusión parezca lejana, sus consecuencias son muy concretas. Un menor desarrollo de las energías renovables significa mayor dependencia de los precios del gas en invierno, más emisiones de carbono y un retraso en los objetivos climáticos de cada estado. Los operadores de red y ciertas administraciones estatales ya han advertido que la paralización de grandes parques marinos complica el mantenimiento de un suministro estable y limpio en una región donde la demanda eléctrica sigue creciendo, impulsada por la electrificación y el aumento de centros de datos.
En última instancia, lo que se está dirimiendo no es solo el futuro de un parque en el Atlántico; es la estabilidad que un país está dispuesto a proporcionar a las inversiones en energía limpia ante cambios en las mayorías políticas. El comunicado oficial de Ørsted, en el que se detalla la acción legal de Revolution Wind y el impacto de la suspensión, ha sido publicado en la web corporativa de la compañía.
