El nuevo año en el Supremo: en espera del juicio a Ábalos y la investigación a Cerdán por obras
MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) – El Tribunal Supremo arranca 2026 con varios frentes pendientes, destacando entre los mismos el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia, que aún está a la espera de fecha.
La Sala de Apelación del alto tribunal avaló este diciembre la decisión del magistrado instructor, Leopoldo Puente, de sentar en el banquillo a Ábalos y Koldo, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre. Ambos recurrieron su procesamiento, pero los magistrados desestimaron los recursos señalando que alargar la investigación con nuevas diligencias no podría desvirtuar el «robusto arsenal indiciario» en su contra. Criticaron que intentasen «alejar el momento del enjuiciamiento alegando razones variopintas».
La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19,5 años para Koldo y siete años para Aldama. Las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público. De cara al juicio, Ábalos ha solicitado ser juzgado por un jurado popular, que esté formado por ciudadanos, y no por un tribunal de magistrados.
Amaños de obra pública
La vista sobre las mascarillas no será el único frente de Ábalos en el Supremo, ya que también se encuentra investigado por otra pieza del ‘caso Koldo’, que considera la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, donde también están imputados Koldo y el exdirigente socialista Santos Cerdán. En esta pieza, se investiga a empresarios y exresponsables de constructoras; el magistrado instructor seguirá indagando, ya que está a la espera de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le entregue varios informes.
Causas contra ‘Alvise’
Otros de los casos que el Supremo continuará instruyendo en el nuevo año son los que acumula el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, quien ya prestó declaración voluntaria en tres de las cuatro causas abiertas, mientras se tramitan los respectivos suplicatorios al Parlamento Europeo para proceder a su imputación formal. En concreto, ‘Alvise’ se enfrenta a la presunta financiación irregular de su partido SALF, la supuesta difusión de una PCR falsa del entonces ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa, y al presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.
Además, hay que sumar el supuesto acoso y revelación de secretos sobre dos eurodiputados que se presentaron a las elecciones europeas de 2024 en la lista de SALF y que se querellaron contra él. El Supremo ha ofrecido a ‘Alvise’ declarar voluntariamente y ha citado a los dos querellantes para el próximo 19 de enero. Tras la condena a dos años de inhabilitación impuesta al exfiscal general del Estado, el Supremo estará pendiente de si Álvaro García Ortiz decide presentar un incidente de nulidad contra la sentencia, que tendría que resolver el alto tribunal.
La renovación del TC y los recursos de los condenados del ‘procés’
Por su parte, el Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver los recursos de algunos condenados por el ‘procés’ contra la decisión del TS de no amnistiarles la malversación. Entre ellos está el ‘expresident’ Carles Puigdemont, quien solicitó al Constitucional que suspendiera la orden de detención nacional que permanece vigente en su contra. El TC también debe abordar los recursos de amparo presentados por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Raúl Romeva y Dolors Bassa, contra la decisión del TS de no amnistiarles la malversación.
Más allá del proceso independentista catalán, el TC deberá abordar la renovación de cuatro de sus magistrados: el presidente, Cándido Conde-Pumpido, y otros tres miembros —la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores José María Macías y Ricardo Enríquez—, cuyos mandatos expiraron el pasado 17 de diciembre. Esta renovación parcial no se espera pronto debido a la falta de acuerdo entre los partidos políticos, PP y PSOE, para pactar otros cuatro nombres, lo que aboca a un bloqueo «prolongado». Desde el TC auguran un retraso que se espaciará en el tiempo y que lastrará el mandato de los nuevos magistrados que finalmente se designen, ya que de los 9 años de mandato que deben tener, habrá que restar el tiempo que pase entre el 17 de diciembre y la fecha de la renovación.
